(23/10/2000)
(La Razón)
Continúa la violencia en el Chapare 

Los cocaleros y el gobierno dan claras señales de que la paz se está terminando en el chapare. ¿el motivo?: dos efectivos muertos y cuatro heridos
El Ejecutivo culpa a Evo Morales de ser el autor intelectual de la emboscada a militares y solicitará su desafuero parlamentario. Las Fuerzas Armadas podrían actuar como si se tratara de un enfrentamiento contra guerrilleros. La erradicación continuará a cualquier precio.  
El trópico cochabambino se vuelve a tensionar y todo indica que estaría a un paso de la confrontación armada debido a las posiciones radicales expresadas ayer por las fuerzas combinadas de lucha contra el narcotráfico y los campesinos cocaleros, luego que el sábado una emboscada cobró la vida de dos soldados e hirió a otros cuatro en Zudáñez.
Los soldados erradicadores Mario Mercado y Justo Antacagua resultaron muertos y Ricardo Rojas, Nehemías Téllez, Omar Quispe y Rosalío Poma resultaron heridos.  

grupos terroristas  
El Gobierno sospecha que los responsables de esos hechos son grupos organizados conectados con el tráfico de drogas. El titular de Información Gubernamental, Manfredo Kempff, señaló que puede tratarse de una acción de terroristas vinculados con esos grupos ilegales.
Su colega de Gobierno, Guillermo Fortún, acusó a Evo Morales de ser el autor intelectual de los sucesos y se manifestó partidario de que los culpables vayan a la cárcel.
Mientras fuentes del Alto Mando Militar calificaron al Chapare como una zona guerrillera y advirtieron que los efectivos castrenses pueden actuar en consecuencia en el futuro, el comandante de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), coronel Jorge Antelo, coincidió en que las acciones del sábado corresponden a terroristas.
La crítica situación en el Chapare obligó ayer a una reunión reservada entre Fortún y el comandante de la Policía, general Roberto Pérez. No trascendió los detalles del encuentro, pero se informó que la misma continuará hoy. En ella participarían el ministro de Defensa, general Oscar Vargas, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, almirante Jorge Zabala.
Mientras eso sucedía en la sede de gobierno, una reunión de dirigentes cocaleros en la localidad chapareña de Lauca Ñ determinó reactivar los comités de autodefensa, ingresar en una huelga de hambre al borde del camino y restablecer el bloqueo de la carretera nueva a Santa Cruz después de Todos Santos.
Los cocaleros sostienen que el Gobierno incumplió el acuerdo firmado el 13 de este mes y que, por el contrario, incrementó el número de militares en la zona. Al final de la reunión, Morales advirtió que la situación puede derivar en un conflicto armado debido a que “la ira entre campesinos y Ejército sigue creciendo”.
Kempff aconsejó al dirigente cocalero que “más vale que no lo haga porque las Fuerzas Armadas van a actuar con energía... El Presidente (Hugo Banzer) ha sido muy paciente en este tema, más que tolerante”. También desahució un eventual proceso de diálogo.
   
A cualquier precio  

Si Morales exigió el cese de la erradicación, el Gobierno se manifestó por acelerar el proceso sin importar el costo que la medida represente.
Kempff explicó que si es necesario se enviará más efectivos a la zona y se reforzará su armamento.
Por su parte, el viceministro de Desarrollo Alternativo, Waldo Tellería, explicó que el fin justifica las acciones gubernamentales. Consultado sobre el costo de esta operación dijo que tiene financiamiento externo y del TGN.
No obstante, admitió que hay otro costo para Bolivia: los recursos humanos. “Estamos conmovidos por lo que ocurrió ayer (por el sábado), pero si ese es el precio para luchar contra la delincuencia, tenemos que pagar”.
Con la presunción de que Morales se encuentra tras los luctuosos hechos del sábado, el titular de Información pidió el desafuero del parlamentario. “Si él (Morales) sigue con estas provocaciones, lo que se debe hacer es desaforarlo en el Parlamento y llevarlo a la justicia ordinaria”.
Consultada sobre esta situación, la defensora del Pueblo, Ana María Romero, explicó que no es serio que se haga una acusación si no se presentan pruebas. Planteó que el Ministerio Público investigue los hechos sucedidos el sábado e identifique a los responsables.
El titular de Gobierno informó, por separado, que solicitó a la Fiscalía de Cochabamba que dirija las investigaciones sobre las desapariciones de cuatro uniformados y de una mujer.  
Aunque la Constitución Política dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional obedecen órdenes, el Gobierno ofreció su respaldo a esas instituciones para enfrentar los ataques en la zona de erradicación.
Kempff dijo que se trata de un respaldo moral y material. Sobre el presunto cadáver hallado en el trópico, el ministro señaló que se trata de una información que no fue confirmada.