(23/10/2000)
(La Razón)
El descrédito de la Corte Electoral pone en duda la legitimidad del Gobierno

Iván Guzmán de Rojas 

En la historia electoral en décadas pasadas, el fraude ha sido una de las causas con efectos más perniciosos en la política de nuestro país.  El daño mayor que ocasiona toda forma de fraude es la deslegitimación del poder constituido, por tanto, no cuenta con la genuina autoridad para ejercerlo, sea a nivel municipal o nacional.  El efecto directo casi siempre ha sido la violencia, en todo caso el desorden y el abuso sin límites de las autoridades ilegítimas emergentes del fraude.
En 1991, los partidos políticos tuvieron que ponerse de acuerdo para despolitizar el sistema electoral, con árbitros electorales independientes de los partidos políticos, requisito expresamente establecido en la nueva ley, para asegurar la imparcialidad y para evitar el fraude,  garantizando así la legitimidad de las autoridades constituidas.
Gracias al nuevo sistema electoral, hoy podrá no gustarnos alguna autoridad elegida, pero no podemos poner en duda su legitimidad como autoridad.  Este simple hecho ha dado al país una importante base de ordenamiento institucional que ha permitido significativos avances en la forma de manejar los conflictos sociales, en las reformas institucionales y en nuestras relaciones internacionales. Irónicamente, la ley redactada para erradicar el fraude, en su texto nunca menciona la palabra fraude, no está tipificado.  La ley se refiere a delitos electorales, entre los que se menciona el uso de datos fraudulentos.  Pero el tema del fraude es más complicado.

La experiencia de las seis elecciones conducidas por la Corte Nacional Electoral bajo la nueva ley, incluyendo sus versiones con enmiendas, está entre lo mas positivo que se puede registrar en la historia de Bolivia de la última década.  Este hecho se ha reconocido internacionalmente.
Sin embargo, resabios del pasado no han dejado de hacerse sentir en algunos pocos asientos electorales en todo el país.  Pocos militantes, pensando hacer un favor a sus partidos, los indujeron a cometer fraude, sin reparar en las funestas consecuencias, no solamente para la imagen de los partidos, sino también para la estabilidad del sistema electoral.  Las formas de fraude fueron diversas, no las discutiremos aquí, la opinión pública está bien enterada de lo que sucedió en pequeñas localidades como Maragua en 1997, en Colquechaca, Ocurí, etc., en 1999.

No al fraude

La CNE no permitió que se constituyan autoridades surgidas del fraude, ese es su mayor galardón, aunque ahora para algunos significa que los miembros de la Corte que no permitieron semejante engaño son un peligro mortal para la democracia. 
Lo evidente es, que a pesar de los conflictos sociales y las críticas a los presidentes de la República electos en 1993 y 1997 por el voto de miembros del Congreso con credenciales otorgadas por la Corte Nacional Electoral, nadie se puso a cuestionar la legitimidad de estos dignatarios de Estado.  ¿Podría una Corte corrupta haber otorgado esa legitimidad?
El nefasto golpe de 1980 fue el epílogo de unas elecciones con fuertes indicios de fraude, justamente cuando se intentó utilizar la informática de modo muy precario.  Desde 1991 los sistemas informáticos que se dice son  malos y llenos de errores, ¿habrían permitido seis elecciones ordenadas con resultados respetados por todos?
Los efectos del fraude frustrado han dado lugar a furiosas reacciones contra la Corte.  Pero lo que se pone en duda con una campaña de desprestigio y desestabilización del sistema electoral de nuestro país no es el prestigio de las personas que nos toca administrar los procesos electorales, sino es la legitimidad de las autoridades que surgieron de las elecciones administradas por quienes supuestamente  cometieron graves errores jurisdiccionales y trabajaron con un sistema informático de cómputo de votos y padrón electoral nada confiable.  La lógica de la gente es simple, se pregunta: ¿Entonces es legítimo el gobierno surgido de tan desastrosa administración electoral?

La espiral del descrédito y la desconfianza podrá tener efectos impredecibles.  Por ejemplo, parecerá tramposa la distribución del Bolivida en base a ese desacreditado padrón electoral, que sin embargo, el gobierno ha solicitado a la CNE utilizarlo para ese fin porque las AFP consideran que se trata de la única base de datos de personas razonablemente confiable en Bolivia, es decir, REGINA...

Las interrogantes

¿Por qué no esperar a los resultados de la auditoría de sistemas de la OEA que comenzará el próximo mes de noviembre, a iniciativa de las brigadas parlamentarias y con aceptación de la CNE?  Así sabremos si debemos cambiar de sistemas, o qué medidas técnicas debemos tomar para garantizar las elecciones del 2002.
¿Por qué no enviar los documentos sobre adquisiciones de software y servicios de consultoría a la Contraloría General de la República para verificar si son ciertas las denuncias de malos manejos.  Si los hubo, castigar a los autores, si no los hubo castigar a las personas calumniadoras.  Es sencillo, cuando hay la voluntad política para seguir los caminos institucionales.  Los documentos pertinentes fueron entregados por la CNE al Senado Nacional el 6 de junio pasado.  Entonces, ¿por qué persistir con minutas del Senado Nacional a la CNE, pidiendo la misma información incluyendo aspectos impertinentes que ocasionan reacciones conflictivas?
Algunos concejales electos, que por Resolución de la Corte Nacional Electoral perdieron sus credenciales al anularse sus listas por cambio de sexo, haciendo uso de sus legítimos derechos, demandaron ante el Tribunal Constitucional a los vocales de la CNE que votamos por esa anulación de listas.  Ese es un camino institucional correcto. Entonces, ¿por qué no esperar el fallo del Tribunal Constitucional, que saldrá antes de fin de año?  Así sabremos si cuatro vocales obramos de acuerdo a la Constitución y las leyes o si por lo contrario el único voto disidente era el correcto.
 Los efectos del fraude son el fondo del conflicto en la Corte Nacional Electoral.  No se trata de "rencillas internas" entre vocales como se pretende hacer aparecer desviando el verdadero problema a discusiones bizantinas sobre aspectos técnico administrativos de la institución.  Antes del 2002, sin argucias legalistas, los ciudadanos antes de ir a votar exigimos una respuesta clara a la pregunta:  ¿Es procedente o no, la legitimidad de una autoridad que surge del fraude?

Ivan Guzmán de Rojas es presidente de la corte nacional electoral

(19/10/2000)
(La Razón)
Los Vocales, Quiénes son y qué piensan
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