El Congreso
considera que las controversias en materia jurídica deben ser
resueltas en el Tribunal Constitucional, en materia administrativa por
la Contraloría General de la República y los agravios de tipo
personal por los tribunales ordinarios.
El Congreso Nacional dejó
en manos de los vocales de la Corte Nacional Electoral la solución de
sus problemas internos de tipo técnico, administrativos y personales.
A menos de 10 minutos de
instalada la sesión conjunta de diputados y senadores, se aprobó
anoche una Declaración Congresal sin previo debate, tal como
establece el Reglamento General. Este procedimiento fue cuestionado
por el MNR, aunque ADN y el MIR señalaron que ese fue el acuerdo
entre los jefes de bancada.
El diputado Benjamín
Miguel Harb fue el encargado de proponer al plenario la Declaración
Congresal.
El primer punto señala que
es necesario y urgente que la Corte Nacional Electoral fortalezca su
institucionalidad y dé solución a las graves falencias de orden
técnico administrativo para la atención adecuada de los asuntos
electorales y de registro civil.
En el segundo acápite, los
congresales piden a los notables "desempeñar su misión en un
nivel de respeto mutuo, entendimiento y efectividad", a fin de
garantizar que los procesos electorales, nacionales y municipales, se
desarrollen en el más alto grado de seriedad, transparencia y
prestigio, requisitos que demandan el pueblo boliviano y sus
instituciones democráticas.
"Las diferencias
internas entre los señores vocales de la Corte Nacional Electoral
deben ser superadas también internamente", señala el tercer
punto.
La Declaración Congresal
surgió luego de que los vocales del tribunal electoral, Iván Guzmán
de Rojas, Jorge Lazarte, Alfredo Bocángel y Rolando Costa Arduz,
pidieron al Congreso la separación de su colega Alcira Espinoza por
cuestiones personales. Esa solicitud motivó a los parlamentarios a
convocar a los también llamados notables para brindar un informe al
Poder Legislativo. Según el Congreso, las controversias en materia
jurisdiccional deben ser resueltas por el Tribunal Constitucional, en
materia administrativa por la Contraloría General de la República y
los procesos relativos al sistema informático son auditados por el
órgano especializado de la Organización de Estados Americanos. A
juicio de los congresales, los agravios personales deben resolverse en
los tribunales ordinarios.
total desacuerdo
El contenido de la
Declaración fue cuestionado por los diputados movimientistas Edil
Sandóval Morón, Oscar Arrien y Helen Hayes.
Según Sandóval,
"esta resolución declara la muerte civil de la Corte Nacional
Electoral. Yo en los zapatos de los vocales renuncio mañana
mismo".
Para demostrar su
desacuerdo con el punto de vista de los congresales, la bancada del
MNR presentó otra resolución que exhortaba a los vocales a
"proseguir sin desmayo con su trabajo en servicio a la democracia
en el marco de la Constitución Política del Estado".
Arrien planteó incluso el
inicio de un proceso contra los notables por no haber cumplido con la
Constitución Política del Estado y el Código Electoral. En tanto
que la parlamentaria Hayes denunció que la conjura del MIR y ADN
contra la Corte Nacional Electoral se registró a partir del
descubrimiento del fraude electoral de Maragua, Ocurí y Colquechaca.
Las versiones del MNR no fueron compartidas por ADN ni el MIR. La
sesión de Congreso se suspendió a las 21.10 tras comprobar que en
Senadores no había el quórum reglamentario, pues tras la aprobación
de la Declaración la mayoría de sus miembros abandonó el hemiciclo.
Pero no sólo gente del MNR
no estuvo de acuerdo. El presidente del Senado y alto dirigente de
ADN, Leopoldo Fernández, dijo que "el instrumento camaral
aprobado hoy (ayer) es intrascendente, no resolverá el problema
institucional del cual el país es testigo y refleja una gran falta de
seriedad en sectores del sistema político actual".
la CRISIS PASO A PASO
La crisis en la Corte
Nacional Electoral se desencadenó en abril de este año cuando salen
a luz pública las discrepancias entre los vocales por algunos fallos
en Colquechaca. En aquella población el MIR alteró la lista de un
candidato municipal haciéndolo figurar como mujer siendo hombre. Cosa
similar ocurrió en otras poblaciones.
En mayo, el Comité
Electoral del Senado convoca a los cinco vocales y en la reunión
Alcira Espinoza refiere que la Corte había contratado a la empresa
del hijo del presidente del tribunal, Iván Guzmán de Rojas, para
montar el programa informático.
En la réplica Guzmán de
Rojas habla de una supuesta conspiración de Espinoza y de algunos
partidos, a los que no identifica, para dañar a la Corte. El
vicepresidente Jorge Quiroga reflexionó a los vocales, pero las
recomendaciones duraron poco. Alcira Espinoza lanzó críticas más
duras ya no solo contra Guzmán de Rojas sino contra sus otros tres
colegas.
El 17 Lazarte, Bocángel,
Guzmán de Rojas y Costa envían una carta a Jorge Quiroga
indicándole que ya no podían trabajar con Espinoza. La situación
vino a complicar a los partidos que en ese momento buscaban un acuerdo
para designar a medio centenar de vocales electorales departamentales.