El Decreto Supremo 5676 establece que el precio del diésel es de Bs. 18 por litro. Foto: EFE
En medio de los reclamos de ciertos sectores por el Decreto Supremo 5676 que establece el precio del diésel en Bs. 18 por litro, el Gobierno de Bolivia señaló que el retiro de la subvención al precio de este combustible para los que son considerados “grandes consumidores” es uno de los condicionamientos de Fondo Monetario Internacional (FMI) para el programa de financiación.
La información fue dada a conocer por el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, quien estuvo presente en una reunión con el presidente Rodrigo Paz, autoridades del Órgano Ejecutivo y alcaldes de la Federación de Asociación de Municipios de Bolivia (FAM).
Cabe señalar que diversos sectores sociales en Bolivia han criticado y se han pronunciado contra el Decreto Supremo 5676, exigiendo su modificación o abrogación. Estos pedidos han desatado protestas y tensiones en medio del estado de excepción que sigue vigente en Bolivia.
En regiones como San Julián y Yapacaní, se han iniciado movilizaciones y bloqueos en las carreteras que conectan los departamentos de Santa Cruz, Beni y Cochabamba, por lo que las fuerzas policiales tuvieron que intervenir.
El Decreto Supremo 5676 fue emitido a mediados de agosto, como una medida ante el desabastecimiento de diésel en el país, sin embargo, se había asegurado que esta norma no generaría perjuicios en el sector del trasporte público o particular.
El Decreto Supremo 5676 establece que los grandes consumidores de diésel pagarán Bs. 18 por el litro de combustible, a la vez, el precio del diésel para los demás consumidores permanece en Bs. 9,80.
¿Qué respondió el Gobierno?
Desde el Gobierno no han dado señales sobre una posible abrogación de la norma, pues el ministro Aramayo, aseguró que el decreto es parte de las condiciones que dispuso el Fondo Monetario Internacional (FMI).
"El decreto 5676 es uno de los condicionamientos que tenemos de parte del Fondo Monetario Internacional en tanto (se libere) del precio de los hidrocarburantes, porque no es sostenible que el Estado financie una partida que (...) ha tenido un componente de corrupción muy grande y está desangrando el Tesoro General del Estado", dijo Fernando Aramayo.
Cabe señalar que la aclaración surge debido a que, a finales de julio, el Gobierno de Rodrigo Paz y el FMI lograron un acuerdo para la implementación de un plan técnico de 36 meses por 1.900 millones de dólares, destinados a respaldar el programa de reformas económicas.
