Hasta el cierre de esta nota informativa se desconocía sí había aprehendidos tras los hechos. Foto: ABI Capturas.
Ernesto Justiniano, ministro de Defensa, confirmó que abrieron una investigación tras la desaparición de 33.608 cartuchos de munición de un cuartel militar de tropas de élite en Montero.
Justiniano precisó que este suceso ocurrió en el Regimiento de Satinadores de Selva 12 'Coronel Francisco Manchego', situado en la población oriental de Montero. Este regimiento forma soldados en tácticas de Selva y Contraterrorismo.
El ministro de Defensa explicó que el calibre de las municiones es de "5,56 × 45 milímetros", que suele usarse en rifles de asalto o ametralladoras ligeras, por lo que se ordenó el "cierre y aislamiento del depósito" del cuartel.
También señaló que habrá una "inspección especializada, el procedimiento investigativo interno correspondiente y la denuncia ante las instancias policiales competentes".
Justiniano expresó que no se va a "ocultar y minimizar" este hecho y que la investigación "deberá establecer qué ocurrió, quiénes son los responsables y, fundamentalmente, cuál fue el destino de esa munición".
En abril pasado, se reportó el robo de armamento y munición militar del Batallón de Infantería Marina situado en la localidad de Chua Cocani, cercana al lago Titicaca, que Bolivia comparte con Perú.
Justiniano indicó que la investigación “deberá establecer qué ocurrió, quiénes son los responsables y, fundamentalmente, cuál fue el destino de esa munición”, y subrayó que no se ocultaría ni minimizaría el hecho.
Posibles sanciones
Según la normativa boliviana vigente, las sanciones para los responsables de un faltante de municiones de uso militar dependen de si se demuestra un delito doloso (hurto, robo o desvío intencional), negligencia o una falta disciplinaria.
Las principales disposiciones aplican tanto el Código Penal ordinario modificado por la Ley N.-º 400 de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, de 18 de septiembre de 2013 como el Código Penal Militar (Decreto Ley N.º 13321 de 1976) y los reglamentos disciplinarios de las Fuerzas Armadas, según determine Defensa.
Si el autor es miembro o partícipe de una asociación delictuosa: se agrava en un tercio de la pena mayor. En caso de que el delito haya sido cometido por el personal militar o policial, la pena es de 30 años de presidio sin derecho a indulto.
Hasta el cierre de esta nota informativa no se han publicado comunicados más específicos de cómo se dieron cuenta de la falta del material ni los posibles responsables del inventario. La información pública se limita a la denuncia ministerial y a las medidas inmediatas adoptadas. Se espera que el proceso investigativo aclare estos aspectos para determinar la responsabilidad legal de los involucrados.
