La corrupción dentro de la planta de biodiésel habría dejado un daño económico alto. Foto: Twitter
Este miércoles 26 de agosto, el Gobierno detectó un daño económico de Bs. 870 millones de bolivianos, el equivalente de 75 millones USD, en la planta de biodiésel en Santa Cruz de la Sierra.
En una rueda de prensa en La Paz, el viceministro de Transparencia, Marcelo García, explicó que se trata de dos contratos por 1.057 millones bolivianos, aproximadamente 91,3 millones de dólares firmados con la empresa Este - Indueste S.R.L. que "no cumplió" con la provisión de aceite crudo de soya.
García explicó que la norma establece que si un proveedor incumple un contrato en el que hay de por medio recursos económicos de Estado, "se utilizan las garantías o documentos mercantiles que utiliza la entidad contratante para resarcir el monto económico afectado", algo que en este caso no se hizo.
"Deberían concurrir al menos dos garantías, la del cumplimiento del contrato por el 7 % del valor y la de anticipo, pero en este caso no han existido las garantías", afirmó García.
Irregularidades y corrupción
Según el viceministro, entre las irregularidades detectadas está la modificación del reglamento de garantías de YPFB Refinación, que atenúa algunas condiciones en beneficio de ambas partes.
"De principio a fin han concurrido una serie de hechos sistemáticamente realizados para beneficiar a una empresa con más de 870 millones de bolivianos que no han retornado nunca al patrimonio de YPFB", sostuvo García.
El Viceministerio de Transparencia del Gobierno de Paz presentó dos denuncias ante la Fiscalía por hechos de corrupción contra 14 personas, entre ellas el representante legal y socios de la empresa, y gerentes, funcionarios y exfuncionarios de YPFB Refinación.
García manifestó que hace 20 días se realiza una investigación en el sector hidrocarburos en Santa Cruz, que hasta la fecha se recibieron 59 denuncias de supuestos casos de corrupción "con nombres y apellidos y hechos específicos" en esa región, en La Paz, Chuquisaca y Beni.
Finalmente, se suscribió la terminación de uno de los contratos y se acordó devolver 336,4 millones de bolivianos, pero la empresa ofreció dos terrenos agrícolas como garantía, los mismos que presentaban restricciones legales para su embargo y ejecución, según explicó García.
En ese contexto, ahora el Gobierno habilitará una línea de WhatsApp para que las personas puedan realizar denuncias de corrupción en el área de hidrocarburos.
