El ministro Ernesto Justiniano confirmó que se evalúa ampliar el Estado de Excepción en Bolivia. Foto: Twitter Capturas videos.
El Estado de Excepción debería terminar este mes, pero el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, reveló que el Gobierno evalúa ampliar la medida ante los riesgos de nuevos bloqueos en el país.
“Hay una tendencia en ampliar el Estado de excepción”, confirmó Justiniano en una cita que documenta Unitel durante este viernes 4 de septiembre.
Según explicó, su Ministerio coordina con el Ministerio de Gobierno evaluaciones técnicas destinadas a justificar la decisión ante el presidente Rodrigo Paz y la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Presión social latente ante medidas
La medida actual, declarada mediante el Decreto Supremo 5636 el pasado 20 de junio por “conmoción interna”, se decretó después de más de 50 días de bloqueos de carreteras impulsados por sectores campesinos, sindicatos y grupos afines al expresidente Evo Morales, que exigían la renuncia del mandatario.
Esos cortes generaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, paralizaron el transporte y, según reportes oficiales y de la Defensoría del Pueblo, dejaron un saldo de al menos 14 fallecidos, en su mayoría vinculados a la falta de atención médica oportuna.
El decreto prohíbe expresamente “cualquier bloqueo de vías y carreteras, sean urbanas, rurales, departamentales, interdepartamentales e internacionales”, autoriza el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas a la Policía para restablecer el orden público y resguardar infraestructuras estratégicas, y contempla restricciones temporales a reuniones y concentraciones masivas sin autorización.
Su vigencia se fijó en primera instancia durante 90 días, por lo que debería concluir a mediados de este mes de septiembre el Estado de Excepción.
Respaldo legislativo
En este contexto social, la evaluación que realizan los ministerios de Defensa y de Gobierno responde a la necesidad de evitar un retorno a la parálisis vial que afectó a la población y a la economía de todo el país. Mientras el Ejecutivo analiza los indicadores de conflictividad y las amenazas de nuevos bloqueos, cualquier prórroga requerirá el respaldo legislativo, en un escenario político en el que el oficialismo no cuenta con mayoría automática.
La decisión final, como subrayó Justiniano, dependerá de esas evaluaciones técnicas y de la voluntad de preservar la normalidad recuperada tras el levantamiento de los cortes de junio.
Las amenazas de nuevas medidas de presión siguen latentes y alimentan la discusión sobre la prórroga. En las últimas semanas, sectores transportistas y organizaciones sociales han advertido con bloqueos y movilizaciones ante la escasez de diésel y el impacto de decretos que modificaron precios o redujeron subvenciones para grandes consumidores.
