El Gobierno de Bolivia promete al FMI eliminar la subvención de combustibles en 2027 y aplicar nuevas reformas

La subvención de combustibles en Bolivia terminará en el 2027, así fue el acuerdo del FMI con el Gobierno para lograr préstamos.

Por: Willmary Montilla • Bolivia.com
La decisión del acuerdo con el FMI generó polémica entre los productores del país. Foto: Twitter Capturas videos.
La decisión del acuerdo con el FMI generó polémica entre los productores del país. Foto: Twitter Capturas videos.

La subvención de combustibles en Bolivia terminará en el 2027, así fue el acuerdo del FMI con el Gobierno para lograr préstamos.

Bolivia eliminará la subvención a los combustibles en 2027 como parte de su acuerdo por $us 1.900 millones, así lo prometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un acuerdo. 

Para nadie es un secreto que la administración del presidente, Rodrigo Paz, asumió un acuerdo de 36 meses con el FMI y entre esos acuerdos resalta eliminar la subvención de combustibles en el país. 

“Al hilo de la iniciativa que se materializa en los Decretos Supremos 5516 y 5652, nos proponemos eliminar las subvenciones al combustible en 2027, al mismo tiempo que aumentamos el gasto específico en asistencia social”, precisa el texto del acuerdo difundido por Unitel. 

Presupuesto con cambios 

El propio Ejecutivo precisó que “el presupuesto de 2027 no incluirá disposiciones tendentes a la concesión de subvención a los combustibles, ni del Tesoro ni de empresas estatales, y los precios nacionales del combustible alcanzarán el nivel de recuperación de costos a partir de enero de 2027 (DS 5652)”. 

El Decreto Supremo 5652 congela los precios hasta enero de 2027 y autoriza recursos excepcionales para que YPFB continúe subvencionando durante ese período de transición, mientras se actualiza la fórmula de cálculo de precios para incorporar el tipo de cambio oficial flexible y otros costos relevantes. De esta forma se busca dar credibilidad a la transición.

Este compromiso forma parte de un acuerdo técnico alcanzado con el FMI que aún requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo y del Congreso boliviano. Se trata de un programa bajo el Servicio Ampliado del Fondo diseñado para respaldar las reformas que el Gobierno ya ha iniciado y para desbloquear, potencialmente, recursos adicionales de otros organismos multilaterales que podrían superar los 5.000 millones de dólares en total.

Las autoridades bolivianas han subrayado que se trata de “medidas decisivas de política” y “reformas estructurales” propias, orientadas a corregir desequilibrios acumulados, entre ellos el elevado costo fiscal de las subvenciones a los combustibles, que en años anteriores llegó a representar miles de millones de dólares anuales y alimentó problemas de escasez, contrabando y presión sobre las reservas. 

Postura del Gobierno 

El presidente Rodrigo Paz ha defendido públicamente esta orientación con un mensaje claro y reiterado. “Es subvención o futuro”, afirmó, al advertir que mantener el esquema limita los recursos disponibles para proyectos regionales y obras prioritarias que tiene el Gobierno. 

En la misma línea ha señalado que “la subvención nos está matando”, en referencia al drenaje fiscal que genera y a la distorsión que produce en la economía. Estas declaraciones se alinean con el diagnóstico de que el sistema de precios subsidiados, lejos de ser sostenible, ha contribuido a la crisis de abastecimiento y a la erosión de las finanzas públicas.