Madre peruana implora libertad para su hijo sentenciado a 30 años en Bolivia

Una peruana, identificada como Gladys Centeno, madre de Renarro Caferata Centeno, peregrina por justicia en Bolivia desde enero de 2011 cuando su hijo fue acusado de asesinato y, en octubre de 2012, el Tribunal Quinto de Santa Cruz lo sentenció a 30 años de prisión sin derecho a indulto, sin haber escuchado su declaración.

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Caferata fue acusado del asesinato de su novia Rosario Castedo ocurrido el 15 de enero de 2011, cuando fue encontrada con nueve puñaladas que le quitaron la vida en su domicilio de la ciudad de Santa Cruz.

Centeno explicó que, de acuerdo con la versión de su hijo, el día de los hechos, él llegó al domicilio de su novia cuando ella ya había sido herida de muerte y que antes de llegar a la casa vio salir a dos individuos que en ocasiones anterior ya la habían visitado. La encontró desangrando boca abajo, pero aun con vida.

Al intentar salir de la casa para pedir ayuda se encontró con los familiares y vecinos de su novia que lo increparon y directamente lo acusaron de cometer el crimen.

Sus versiones

De acuerdo con el acusado, las dos personas salieron del domicilio de su novia, quienes la visitaban regularmente para cobrarle una deuda adquirida por la expareja de ella, el brasileño Ricardo F.F., cuando ambos estaban juntos.

Al parecer, el brasileño se encontraría en su país detenido por posesión y transporte de 5 kilos de droga desde Bolivia a Portugal.

Con esto, el joven peruano da a entender que el caso se trataría de un ajuste de cuentas y los dos visitantes eran sicarios que, al no poder cobrar la deuda, finalmente le cegaron la vida a Castedo.

La madre del acusado, denunció que desde el inicio del proceso en contra de su hijo este fue irregular, porque no se tomaron en cuenta sus argumentos, además de falsear las pruebas en su contra, las cuales lo apuntaban como autor del crimen.

Centeno además denunció que durante el proceso los investigadores, fiscales y policías intentaron extorsionarla pidiéndole $us 10.000 para cambiar el tipo penal de la acusación de asesinato a homicidio y posteriormente $us 20.000 “para obtener una sentencia favorable” a lo que ella se negó.

Además, afirmó que en 2016 el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anuló la resolución de los vocales de Santa Cruz y dispuso el inicio de un nuevo juicio con la inclusión de prueba extraordinaria de la defensa, pero esta determinación no cumple por las autoridades judiciales cruceñas.

Entretanto la mujer sigue y seguirá con su peregrinar en busca de justicia y pidiendo a la justicia boliviana que escuché la versión y realicen la correspondiente investigación para dar con los verdaderos autores del crimen.

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