Los productores y transportistas posponen el bloqueo en Santa Cruz debido a un acercamiento con el Gobierno. Foto: Twitter Capturas videos RRSS.
Los sectores movilizados de Yapacaní, en Santa Cruz, dejaron en suspenso este martes 25 de agosto el anuncio de bloqueo y otorgaron al Gobierno un plazo de 48 horas para abrogar el Decreto Supremo 5676 denominado popularmente como el decreto del diésel.
La determinación de los movilizados surgió tras una reunión con representantes del Ejecutivo, entre ellos el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, en la que los productores también exigieron el retiro del contingente policial y militar desplegado en la zona y que su demanda sea puesta en conocimiento del presidente Rodrigo Paz.
¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron?
El acuerdo entre el Gobierno y los sectores movilizados se alcanzó en medio del rechazo que genera la norma, la cual establece un precio referencial de Bs. 18 por litro de diésel destinado a grandes consumidores, mientras que para el resto de usuarios se mantiene el precio de Bs. 9,80 por litro.
“Los policías y los militares están aquí en una actitud pacífica, yo he aclarado un mandamiento de apremio para ningún dirigente y ellos solamente están precautelando el libre tránsito”, afirmó Paredes en una cita que recoge Unitel este martes.
Los dirigentes condicionaron el levantamiento momentáneo de las medidas de presión a una respuesta favorable dentro del plazo fijado y advirtieron con retomar las movilizaciones si no se atiende su pedido ante la urgencia de los movilizados.
El viceministro reconoció que la norma está generando problemas en su aplicación y señaló que el Ejecutivo ya consideró su abrogación o modificación.
El Decreto Supremo 5676, promulgado el 16 de agosto de 2026 y vigente desde entonces, establece un precio referencial inicial de Bs. 18 por litro (incluido el IVA) para la comercialización de diésel a clientes directos, grandes consumidores (conocidos como Gracos) y usuarios directos.
Grandes volúmenes
La norma clasifica a los grandes consumidores como aquellos que adquieren volúmenes iguales o superiores a 20.000 litros por compra para consumo propio desde terminales de almacenamiento.
El objetivo oficial es reducir la carga fiscal que enfrenta Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por la importación de combustibles y aproximar el valor al costo internacional, en un contexto de escasez y largas filas en surtidores. Para familias, transportistas y demás consumidores se mantienen los precios regulados previos.
Los productores agropecuarios de Yapacaní y del Norte Integrado de Santa Cruz rechazan la medida porque, argumentan, encarecerá la producción y no resolvieron el desabastecimiento, sino que trajo especulación.
