Los chutos tiran el precio de los automotores
Actualidad - Lunes, 08 / Ago / 2005
(La Paz - La Razón)
La proliferación de vehículos ilegales también afecta a las empresas importadoras, cuyas ventas cayeron en 60% desde 1998. El IBCE calcula que en el período 1998-2004, se internaron ilegalmente al país 61.000 motorizados de segunda mano.
La legalización de los vehículos indocumentados (chutos), que aprobaron mediante decreto los sucesivos gobiernos en los últimos años, redujo el precio de los motorizados y afectó en sus ventas a las empresas importadoras, según la Cámara Automotriz, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y los negocios de compra-venta de vehículos.
Las cifras muestran que desde 1998, las ventas de las importadoras de vehículos cayeron en 60 por ciento, mientras que el precio de los vehículos se depreció entre un 27 y 50 por ciento.
El presidente de la Cámara Automotriz Boliviana, Marco Córdova, explica que el nivel de ventas cayó abruptamente en los últimos siete años. “En 1998, las empresas vendían al menos 10.000 unidades en todo el país, en 1999 la caída fue de 5.000 unidades por año y actualmente todas las empresas no pasan de 3.000 vehículos”, asegura.
Mientras tanto, los negocios de auto-venta de vehículos registran una desvalorización de los precios de los motorizados cada vez más acelerada.
“Uno de los vehículos más cotizados en el mercado es, por ejemplo, la vagoneta Mitsubishi Montero Sport, modelo 1999, que costaba 18 mil dólares. Pero ahora, con el ingreso ilegal de autos, encuentras un modelo 2000 en 13 mil dólares. Por lo tanto, ése es el precio de mercado”, señala Álvaro Hidalgo, gerente comercial de Auto Shoping Expo Sur.
Según Hidalgo, hace dos años vendía alrededor de 25 motorizados por mes y hoy de 5 a 6 mensualmente.
Para el consultor del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Alfonso Kreidler, el Gobierno y la sociedad no pueden permitir ni una sola amnistía más para los vehículos que ingresan al país ilegalmente, porque afectan a “las personas que han adquirido su automóvil legalmente”. Mientras que el ingreso de vehículos a medio uso para su transformación en el país, de los que al momento no existen cifras oficiales, crean un parque automotor de vehículos “chatarra” que dañan seriamente al medio ambiente, asegura el presidente de la Cámara Automotriz.
El IBCE calcula que al menos 61.000 vehículos fueron nacionalizados desde 1998, fecha en la que se dictó el primer decreto de amnistía.
Esto significa, afirma Kreidler, que en un período de seis años ingresaron ilegalmente al país más de 10.000 vehículos por año. Los empresarios del sector aseguran que “se sienten como la última rueda del carro”, pese a la generación de empleo, al pago de impuestos y al movimiento económico que generan.
Según Córdova, el sector genera actualmente 3.000 empleos directos. Antes de la crisis, las empresas importadoras generaban 5.000 fuentes de trabajo.
Además, las importadoras legalmente establecidas en el país aseguran que las recaudaciones por concepto de las amnistías no tuvieron el efecto deseado.
“En aranceles, nuestro sector paga 100 millones de dólares al año, mientras que la amnistía de chutos permitió una recaudación que no pasa de los 8 millones de dólares”, afirma Alejando Numbela, ejecutivo de Toyosa S.A.
Kreidler sostiene que cuando se legaliza un vehículo “chuto”, se le exime del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), se le rebaja el Impuesto al Consumo Específico y por lo tanto el vehículo legal que paga todo esto, más el Gravamen Arancelario (GA), cuesta más y queda relegado del mercado.
“Lo que ocurre después es que la persona que compró su vehículo legalmente en 20 mil dólares, cuando va a venderlo al mercado, nunca sacará el valor de reventa que podría haber sacado si no se hubiese permitido la legalización de los chutos”, apunta Kreidler.
Para la Cámara Automotriz no existen incentivos para este sector, ya que en el país se cobra más del 40 por ciento de impuestos, mientras en países vecinos, como Chile, sólo llega al 20 por ciento, asegura Numbela.
El informe del IBCE sobre contrabando dice que las amnistías para vehículos ilegales también generó una proliferación de la actividad de “especialistas en la introducción de vehículos, burlando todo tipo de pago de tributos al Estado y generando un lucrativo negocio para quienes lo practican”.
Se calcula que al año ingresan 10.000 vehículos de contrabando.
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La legalización de los vehículos indocumentados (chutos), que aprobaron mediante decreto los sucesivos gobiernos en los últimos años, redujo el precio de los motorizados y afectó en sus ventas a las empresas importadoras, según la Cámara Automotriz, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y los negocios de compra-venta de vehículos.
Las cifras muestran que desde 1998, las ventas de las importadoras de vehículos cayeron en 60 por ciento, mientras que el precio de los vehículos se depreció entre un 27 y 50 por ciento.
El presidente de la Cámara Automotriz Boliviana, Marco Córdova, explica que el nivel de ventas cayó abruptamente en los últimos siete años. “En 1998, las empresas vendían al menos 10.000 unidades en todo el país, en 1999 la caída fue de 5.000 unidades por año y actualmente todas las empresas no pasan de 3.000 vehículos”, asegura.
Mientras tanto, los negocios de auto-venta de vehículos registran una desvalorización de los precios de los motorizados cada vez más acelerada.
“Uno de los vehículos más cotizados en el mercado es, por ejemplo, la vagoneta Mitsubishi Montero Sport, modelo 1999, que costaba 18 mil dólares. Pero ahora, con el ingreso ilegal de autos, encuentras un modelo 2000 en 13 mil dólares. Por lo tanto, ése es el precio de mercado”, señala Álvaro Hidalgo, gerente comercial de Auto Shoping Expo Sur.
Según Hidalgo, hace dos años vendía alrededor de 25 motorizados por mes y hoy de 5 a 6 mensualmente.
Para el consultor del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Alfonso Kreidler, el Gobierno y la sociedad no pueden permitir ni una sola amnistía más para los vehículos que ingresan al país ilegalmente, porque afectan a “las personas que han adquirido su automóvil legalmente”. Mientras que el ingreso de vehículos a medio uso para su transformación en el país, de los que al momento no existen cifras oficiales, crean un parque automotor de vehículos “chatarra” que dañan seriamente al medio ambiente, asegura el presidente de la Cámara Automotriz.
El IBCE calcula que al menos 61.000 vehículos fueron nacionalizados desde 1998, fecha en la que se dictó el primer decreto de amnistía.
Esto significa, afirma Kreidler, que en un período de seis años ingresaron ilegalmente al país más de 10.000 vehículos por año. Los empresarios del sector aseguran que “se sienten como la última rueda del carro”, pese a la generación de empleo, al pago de impuestos y al movimiento económico que generan.
Según Córdova, el sector genera actualmente 3.000 empleos directos. Antes de la crisis, las empresas importadoras generaban 5.000 fuentes de trabajo.
Además, las importadoras legalmente establecidas en el país aseguran que las recaudaciones por concepto de las amnistías no tuvieron el efecto deseado.
“En aranceles, nuestro sector paga 100 millones de dólares al año, mientras que la amnistía de chutos permitió una recaudación que no pasa de los 8 millones de dólares”, afirma Alejando Numbela, ejecutivo de Toyosa S.A.
Kreidler sostiene que cuando se legaliza un vehículo “chuto”, se le exime del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), se le rebaja el Impuesto al Consumo Específico y por lo tanto el vehículo legal que paga todo esto, más el Gravamen Arancelario (GA), cuesta más y queda relegado del mercado.
“Lo que ocurre después es que la persona que compró su vehículo legalmente en 20 mil dólares, cuando va a venderlo al mercado, nunca sacará el valor de reventa que podría haber sacado si no se hubiese permitido la legalización de los chutos”, apunta Kreidler.
Para la Cámara Automotriz no existen incentivos para este sector, ya que en el país se cobra más del 40 por ciento de impuestos, mientras en países vecinos, como Chile, sólo llega al 20 por ciento, asegura Numbela.
El informe del IBCE sobre contrabando dice que las amnistías para vehículos ilegales también generó una proliferación de la actividad de “especialistas en la introducción de vehículos, burlando todo tipo de pago de tributos al Estado y generando un lucrativo negocio para quienes lo practican”.
Se calcula que al año ingresan 10.000 vehículos de contrabando.
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