Alcaldías del Chaco rechazan Decreto Supremo 29684

Publicidad (Enlared Municipal) Autoridades municipales de la región del Chaco rechazan el Decreto Supremo 29684 que sanciona con descuentos a prefecturas y municipios que inciten al daño de cualquier tramo de la actividad petrolera. Los munícipes califican al decreto de inconstitucional y afirman que ellos no pueden controlar a los movimientos sociales.

En contacto con la red Onda Local, las autoridades ediles calificaron de inconstitucional al referido decreto 29684, afirmando que ellos, aún siendo autoridades no pueden controlar a los movimientos sociales que promueven acciones en defensa de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Y es que en algunas regiones comenzó el bloqueo para exigir al gobierno la devolución de una parte del IDH departamental.

En Yacuiba, el Comité Cívico mantiene el bloqueo de las rutas hacia Santa Cruz y Tarija; la frontera con Argentina está cerrada; y, en Villamontes. las rutas hacia Paraguay, Argentina y Santa Cruz están bloqueadas.

Para el Presidente del Concejo Municipal de Yacuiba, Jorge Arias, la instigación y la toma de instituciones petroleras, cuando ocurre, corresponde a título personal y no institucional; si bien el gobierno municipal acompaña a las movilizaciones no las incita, por lo que califica el decreto gubernamental como injusto.

“Como gobierno municipal nunca hemos tomado ninguna instalación petrolera, en todo caso son los movimientos cívicos, el gobierno municipal es una cosa y el movimiento cívico es otra (…) se están adelantando en la penalización porque de acuerdo a las leyes primero se presume la inocencia, si se prueba que un alcalde ha tomado físicamente o ha instruido a nivel institucional es otra cosa”.

Para Arias, este Decreto está contra las leyes y la Constitución; y no descartó que el gobierno municipal participe en las movilizaciones en defensa de los recursos departamentales y municipales.

Por su parte, el Presidente del Concejo Municipal de Villamontes, José Nahum Bleichner, afirmó que si bien en Villamontes hay paro de actividades, no existen acciones violentas ni toma de pozos petroleros, pues éstos se encuentran militarizados.

Bleichner augura que no habrá mayores problemas en Villamontes; aunque, advirtió, que una confiscación de los recursos ediles a lo único que llevará es a perjudicar la ejecución de obras.

Entretanto, el alcalde de Camiri, en Santa Cruz, Luis Gonzalo Moreno, considera que este Decreto es un abuso porque vulnera la normativa legal existente ya que los jueces son las únicas autoridades que definen la culpabilidad o no de un infractor de la ley.

“Yo creo que todo daño debe ser pagado siempre y cuando se demuestre a las personas (que lo han cometido), no creo que los gobiernos municipales sean responsables de personas naturales que puedan cometer cualquier acto vandálico dentro de una jurisdicción municipal”.

Moreno indicó que el gobierno local no puede controlar a los movimientos sociales que luchan por la defensa de los recursos, por lo que las acciones que realice el Comité Cívico escapa de sus competencias.
Por su lado, el alcalde de Carapari, Ermas Pérez, reaccionó con sorpresa ante este Decreto y no quiso adelantar mayores criterios, aunque afirmó que todas las actividades son normales en su municipio.

“Nadie tiene que acatar, bloquear nada porque el pueblo no ha ordenado eso. Las instituciones no somos sometidas a Santa Cruz, no somos sometidos a Tarija nosotros tenemos nuestra jurisdicción municipal”.

La norma

El decreto supremo establece sanciones económicas y legales para las prefecturas y los municipios que inciten a la provocación de daños y perjuicios a las actividades hidrocarburíferas.

La nueva norma dispone, además, que los gastos que demanden la reparación y puesta en funcionamiento de las instalaciones afectadas, así como los recursos que el Estado deje de percibir, serán cubiertos con el dinero que deben recibir las prefecturas y los municipios supuestamente transgresores.