Procurador de Perú viaja al país para insistir en la expulsión de Belaunde

Una resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicada hoy en el diario oficial El Peruano, autorizó el viaje de Segura a La Paz desde hoy y hasta el 3 de marzo.

El procurador realizará "un conjunto de gestiones de carácter legal y administrativo ante autoridades, estando 'ad portas' de la decisión definitiva que dictará la Comisión Nacional del Refugiado (Conare)" de Bolivia sobre la solicitud de refugio que el exasesor de Humala mantiene en este organismo.

La Conare desestimó el 23 de enero en primera instancia la solicitud de refugio, pero Belaunde apeló la decisión para que fuera reconsiderada por la misma comisión, cuyo fallo definitivo se emitirá próximamente, según indicó la resolución oficial.

El documento publicado hoy añadió que Segura también insistirá "en la posición como Estado en la activación del procedimiento de expulsión" de Belaunde.

En la agenda del procurador figuran reuniones con funcionarios de los ministerios de Exteriores de Perú y de Bolivia, además de con la secretaría técnica de la Conare, la Autoridad Central de Cooperación Internacional, autoridades policiales y otros funcionarios bolivianos vinculados con la petición de refugio.

Segura se encargará de "representar al Estado peruano en los procesos que se deriven de la solicitud de refugio (...), así como en los procesos que deban seguirse para la comparecencia de Belaunde ante la autoridad jurisdiccional peruana", indicó la resolución.

Martín Belaunde Lossio se encuentra actualmente en arresto domiciliario en La Paz después de que el Gobierno peruano anunciara que iba a pedir su extradición, aunque esta medida fue desestimada por la Corte Suprema de Perú, al considerar que los delitos denunciados solo son aplicables enBolivia a funcionarios públicos.

Belaunde, quien fue asesor de Humala en la campaña electoral del 2006, es acusado de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado peruano en gobiernos regionales y obtener beneficios económicos personales.

Por esa acusación, un tribunal de Perú ordenó en mayo pasado su detención preventiva durante 18 meses.

Según el Gobierno peruano, es el presunto autor de delitos contra la administración pública, peculado (apropiación indebida de caudales públicos) y asociación ilícita para delinquir, por los que tiene una orden de captura internacional desde el 11 de septiembre de 2014. EFE