Desarticulada banda delictiva en Cochabamba: Agentes de policía involucrados

Una operación llevada a cabo por la Unidad de Inteligencia de la Policía en Cochabamba resultó en la desarticulación de una banda delictiva compuesta por cuatro individuos: dos peruanos y dos bolivianos. Estos delincuentes se dedicaban a perpetrar robos en residencias particulares, contando con la colaboración de cuatro agentes de policía.

Según declaraciones del viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, en una conferencia de prensa, los miembros de esta banda se hacían pasar por empleados de una empresa de suministro de agua para llevar a cabo sus actos delictivos. Recientemente, habían asaltado a un hombre de 65 años, despojándolo de 160.000 bolivianos, joyas y otros objetos de valor.

Roger Cuper Palacios, un ciudadano peruano de 43 años, era el encargado de disfrazarse como empleado de servicios públicos. Utilizaba este pretexto para convencer a las víctimas de que le permitieran entrar a sus hogares, alegando la necesidad de revisar el sistema de desagüe.

Una vez dentro, permitía el ingreso de sus cómplices, quienes se hacían pasar por su equipo de apoyo. Juntos sometían al propietario de la casa, lo ataban, golpeaban y robaban antes de huir en un vehículo blanco.

Para desviar la atención de la policía, enviaban lo robado mediante un servicio de mensajería interdepartamental hacia La Paz y se trasladaban a Oruro, donde finalmente fueron detenidos en un hotel.

Respecto a los agentes implicados, Aguilera reveló que se trata de un teniente, un capitán y dos sargentos. Estos policías colaboraban con la banda, solicitando sobornos a cambio de protección. Las investigaciones internas han permitido identificar la conexión entre el líder de la banda, Roger Cuper, y un oficial de policía identificado como Jorge Luis Arispe, quien pedía y recibía dádivas de los delincuentes.

En cuanto a las acciones legales a tomar, Aguilera informó que se iniciará un proceso penal contra los policías involucrados y se llevará a cabo un procedimiento administrativo para su expulsión definitiva de la institución policial.

Todos los detenidos enfrentarán cargos judiciales, mientras que la víctima del robo está recibiendo apoyo psicológico debido al trauma sufrido durante el asalto.