Listo el proyecto de decreto que penaliza uso de dinamita en manifestaciones

"Las sanciones podrán variar. Si ese tipo de explosivos genera muertes habrá que aplicar la máxima sanción prevista en el ordenamiento jurídico boliviano, que es la pena privativa de libertad sin derecho a indulto por 30 años", dijo en una conferencia de prensa.

Romero dejó en claro que el ejercicio del derecho a la movilización pacífica queda plenamente garantizado siempre que no afecte derechos de terceros.

"Nuestro ordenamiento jurídico constitucional, que son las reglas de convivencia colectiva, ha privilegiado como máximo bien jurídico de protección estatal la vida de las personas", complementó.

El Ministro de Gobierno adelantó que el proyecto de decreto supremo de prohibición del uso de explosivos, armas y otros materiales que causen daños en el cuerpo, la salud o bienes será analizado el próximo lunes en el Consejo Nacional de Política Económica y Social, responsable de coordinar las políticas nacionales de desarrollo.

"Esperemos la aprobación de este decreto supremo en el gabinete ministerial la próxima semana. Ya la manifestación de dinamitas y otros explosivos y sustancias que se han visto en las movilizaciones el último tiempo va a constituir un delito común que deberá ser sancionado por el estado boliviano", recalcó.

El pasado martes el minero Héctor Choque Gutiérrez falleció por la explosión de una dinamita en la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), que fue blanco de una ruidosa manifestación del sector minero cooperativista.

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) respalda a los mineros asalariados de Colquiri y exige la nacionalización del cien por cien de esa mina, rica en estaño, plata y zinc, mientras que los cooperativistas demandan el cumplimiento de un decreto que les asigna un área de trabajo en ese yacimiento.
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