Liberan a alemán encarcelado 2 años, posible víctima de red de extorsión

La jueza Romy Peredo dispuso el miércoles que Schmidt pague una fianza equivalente a 5.700 dólares y se presente cada 15 días ante el ministerio público, dijo su abogado defensor, Otto Ritter.

El alemán también tiene prohibido viajar fuera del país mientras concluye su proceso judicial, si bien tiene "permiso para salir a trabajar de 7.00 de la mañana a 8.30 de la noche", agregó Ritter.

Schmidt, establecido en Bolivia hace más de dos décadas, fue detenido en julio de 2010 en Santa Cruz, a raíz de una investigación promovida por el entonces ministro de Gobierno Sacha Llorenti, actual embajador de Bolivia ante la ONU.

Según Ritter, su cliente fue acusado entonces de "alzamiento armado" porque encontraron armas de caza en su vivienda en la zona rural cruceña "y la teoría del ministerio de Gobierno de entonces es que con esas armas viejas él iba a tumbar al gobierno".

El caso también sufrió demoras en la Justicia, al igual que el del estadounidense Jacob Ostreicher, quien también logró la libertad condicional esta semana tras permanecer 18 meses en prisión acusado de supuesto blanqueo de capitales.

Precisamente, Ostreicher abogó por Schmidt el martes y pidió a las autoridades y a los medios de comunicación que sigan su caso.

El abogado Ritter consideró que Schmidt obtuvo las medidas sustitutivas a la detención "porque ya no hay presión sobre jueces ni fiscales y no hay delito".

Dirk Schmidt también habría sido víctima de la supuesta red de extorsionadores liderada por el exasesor jurídico del ministerio de Gobierno Fernando Rivera, aunque Ritter cree que esos funcionarios "no actuaron solos, sino por órdenes superiores" de Llorenti y del exviceministro de Régimen Interior Marcos Farfán.

El Gobierno informó hace tres semanas sobre la existencia de la red de extorsión que supuestamente exigió a Jacob Ostreicher 50.000 dólares a cambio de su libertad.

Nueve personas, entre exfuncionarios de ministerios y fiscales, ya están recluidas en el penal cruceño de Palmasola por ese caso.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó hoy a los medios de que su oficina ya ha recibido más de 80 denuncias de supuestas víctimas de los extorsionadores y añadió que están siendo revisadas para verificar cuáles tienen sustento y cuáles no.

Romero, que comparecerá en las próximas horas ante la comisión de fiscales que investiga los chantajes, anunció que responderá "con la mayor honestidad y claridad" y que ratificará su denuncia contra la red de extorsión. EFE