Fiscalía General inicia investigación sobre privatización y capitalización en el país

"Se ha admitido (el caso) mediante un proveído y hoy en la mañana se ha presentado a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia dando aviso de que este procedimiento ha empezado en el Ministerio Público", dijo.

Explicó que esa decisión fue tomada tras realizar el viernes una revisión de dos acusaciones "propocitorias" de la Asamblea Legislativa Plurinacional contra 13 ex autoridades estatales por ese caso. Dijo que esa determinación fue complementada con la conformación de una comisión de fiscales superiores, que tendrán 30 días hábiles para elaborar el requerimiento judicial correspondiente. 

"En los próximos días saldrán las notificaciones a los imputados y a quienes también puedan apersonarse (al Ministerio Público) en los próximos días", complementó. La primera fase de la investigación del proceso de privatización, entre 1989 y 2000, culminó con dos propuestas de acusación contra 13 ex autoridades, entre ellos, Samuel Doria Medina, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y Carlos Sánchez Berzaín.

Según el informe final de la investigación sobre la privatización, 16 empresas fueron privatizadas y capitalizadas, entre ellas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en 1996; Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), en 1995; Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), en 1995; Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), en 1995.

Asimismo, la Fábrica Nacional de Vidrio (Fanviplan) en 1993; la Línea Aérea Imperial de Potosí (LAI), en 1995; la Empresa nacional de Castaña (ENACA), la Fábrica de Cemento el Puente de Tarija (FACEP), la Hilandería Santa Cruz (Hilancruz) y la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), en 1999, entre otras.   ABI