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País de minorías
Rafael Archondo*
Para
un país como el nuestro, escindido hasta la saciedad
en bravos segmentos beligerantes, no existe otra forma
de convivencia posible que no sea la democracia.
Si
algún legado nos dejan los últimos 50
años, es el estallido, cada vez más airoso,
de las identidades, los particularismos o los intereses
de capilla. Ya no contamos con una derecha monolítica
y autoritaria, occidental y cristiana, sino variados
caudillos de un liberalismo viciado en cada flanco por
prédicas redistribuidoras. Tampoco tenemos una
izquierda ilustrada, incluyente o socialdemócrata
capaz de unir a trabajadores, indígenas, mujeres,
homosexuales, cineastas y sociólogos libertarios.
A
cambio presenciamos el esforzado aunque mermado paso
de Evo Morales, y quizás también del Felipe
Quispe de melena recortada de los últimos meses,
por aglutinar anhelos de democracia radical e igualitaria
a partir de un liderazgo con poco predicamento entre
quienes no se evalúan como quechuas o aimaras.
Pareciéramos
estar en los albores del derrumbe del sistema de partidos
y sentidos dominantes del 21060, pero no hay indicios
de un consenso alternativo, de nuevas reglas para convivir
bajo las revolucionadas circunstancias de la crisis.
Estamos huérfanas, las minorías que poblamos
Bolivia, de un sentido común; de un espacio en
el que cada cual se sienta parte de un todo y donde
a pesar de los conflictos por venir, tengamos la certeza
de que el barco jamás naufraga. Precisamos, como
diría Sartori, de la convicción que podemos
darnos el lujo de pelearnos con entusiasmo, porque justamente
sabemos que, en última instancia, nadie va a
desbaratar el cuadrilátero.
Parece
entonces que no va a quedar más remedio que llamar
a una Asamblea Constituyente para rediseñar pautas
alternativas de convivencia política. A estas
alturas de la desolación, cuesta creer que todavía
haya alguien entre nosotros que piense que el cambio
de presidente va a cambiar en algo el vulgar estado
de las cosas.
De
esa proeza sólo es capaz un grupo variopinto
de personas libremente elegidas por la población
con el único objetivo de redactar una nueva Constitución
para luego regresar a sus casas. Y que allí dentro
estemos la diversidad actuante, con y sin color partidario,
intereses corporativos o delirios subversivos, y, que
allí, en una sala grande con asientos acolchados,
nos veamos obligados a pactar, pero en serio y sin dobleces.
Sería algo así como una revolución,
aunque sin muertos ni deportados.
Hablan
y escriben desatinadamente los que advierten solemnes
que una Asamblea Constituyente no nos sacará
de la pobreza.
Semejante
aclaración pone en ridículo a sus autores.
Cuando un país renueva su consenso constitucional
se está poniendo de acuerdo en torno a las reglas
que regirán la explosión de sus odios
y pasiones. En ningún caso cabe esperar que además
acuerde cómo resolver sus penurias económicas.
Esa es harina de otro costal. Una Constituyente discute
procedimientos, no políticas de Estado ni remedios
a crisis de productividad. De modo que dejen de confundirnos.
Sin salida política, social y cultural de fondo,
no habrá ofensiva efectiva contra la debacle
económica. La disyuntiva es simple: o transformamos
la energía eruptiva de los bloqueos en discusión
acalorada dentro de un espacio público de consenso
o seguimos creyendo que las tormentas se calman mediante
el reparto de bonos dilapidados desde este recién
inventado Estado-ventanilla.
*Rafael
Archondo es periodista.
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