Cardenal y ex defensor habrían recibido dinero de gastos reservados

(ABI) Fundado en un informe de la estatal Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), el fiscal de distrito de La Paz, Félix Peralta, mencionó el lunes al líder de la Iglesia Católica boliviana, cardenal Julio Terrazas, y al ex defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, en una lista de personas en cuyas cuentas bancarias se acreditaron fondos provenientes de la partida de gastos reservados en 1999.

“El reporte de la UIF habla de manera oficial y presentan el nombre de particulares que habrían recibido en sus cuentas diferentes sumas de dinero. En esta lista figura, con fecha 12 de mayo de 1999, un débito, es decir un depósito de 115.000 bolivianos en un cheque girado a nombre de Julio Terrazas”, señaló.

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), que preside Terrazas, negó el rotundo la acusación y dijo que el purpurado no recibió, de “ningún gobierno” dinero.

Albarracín, por su parte, explicó que recibió dinero para pagar, a nombre del gobierno de entonces, indemnizaciones a familiares y víctimas de conflictos sociales.

Peralta, que investiga el destino seguido por 1.500 millones de bolivianos de la partida secreta de gastos reservados entre 1997 y 2002, durante la administración de los ex presidentes conservadores Hugo Banzer y Jorge Quiroga, anticipó que ambos personajes serán citados a comparecer ante su autoridad.

El fiscal indicó que el ex defensor del Pueblo, Albarracín, que se postula a la reelección, recibió, en su cuenta, un abono de 150.000 bolivianos el 4 de octubre de 2001.

“Lo que tenemos que averiguar ahora es por qué motivo han recibido estas personas esos dineros porque no hay que olvidar que estos dineros estaban destinados a la seguridad interna del país y debemos preguntarnos qué tienen que ver estas personas con la seguridad interna del mismo”, argumentó Peralta.

Hacia las 20h00 locales (24h00 GMT), la CEB se dijo perpleja e indignada ante la versión.

“La CEB y la Arquidiócesis de Santa Cruz expresan su perplejidad e indignación ante las acusaciones infamantes vertidas públicamente por el fiscal Félix Peralta en contra de su excelencia, el cardenal Julio Terrazas, arzobispo de Santa Cruz y presidente de la CEB”, afirmó en un comunicado de prensa enviado vía faccímil a la ABI.

“A nombre del señor Cardenal, luego de haber dialogado con su persona, podemos afirmar categóricamente que durante los largos años de su ministerio episcopal nunca él ha recibido dinero alguno de parte de ningún gobierno”, afirmó en la cartilla.

“Lo que causa aún más extrañeza es que el mencionado fiscal lanza las acusaciones a la opinión pública sin haber confirmado la identidad de la persona, demostrando de esta manera una falta de ética profesional y contraviniendo las normas legales”, agregó.

“Estas declaraciones desaprensivas basadas en una documentación no verificada legalmente y que por lo tanto hacen sospechar en la manipulación causaron un grave daño a la personal del Cardenal, a su dignidad y derechos, además a su investidura y trayectoria y en el pastor a toda la Iglesia Católica. Este hecho doloroso se da significativamente durante la Semana Santa”, apuntó.

El fiscal Peralta indicó, asimismo, que en las listas proporcionadas por la UIF figura una veintena de personas junto a empresas que también recibieron empoces entre 1999 y 2001.

La denuncia de Peralta se registra una semana después que los ex presidentes Carlos Mesa (2003-05), Jorge Quiroga (2001-2002) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005) se pronunciaran a priori sobre un proyecto de ley que se debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional para combatir la corrupción pública y que tacharon de inconstitucional y contrario al derecho internacional convenido.

Según consideraciones oficiales, los gastos reservados desde 1971, cuando Banzer se hizo por la fuerza del poder político, hasta 2005, cuando el presidente Evo Morales anuló tal partida de la Ley Financial boliviana, los gastos reservados insumieron la friolera de, más menos, 5.000 millones de bolivianos.

Otra versión con base de datos oficiales afirma que entre 1989, cuando asumió el ex presidente socialdemócrata Jaime Paz Zamora, y 2005, los gastos reservados insumieron 210 millones de las arcas públicas.

En el período 1982, cuando se restauró la democracia, y 2005, antes que se anularán los gastos reservados de las previsiones económicas bolivianas, la partida presupuestaria involucraba montos mudables de entre 10, 20 y 30 millones de dólares año.

El monto consignado en el informe presentado por la UIF y que baraja Peralta, sobre los gastos reservados del Estado en el período 1999 alcanzan a 44,7 millones de bolivianos.

Apenas horas después que Peralta divulgara el destino que siguieron pequeñas partidas de gastos reservados, cuyo manejo discrecional ya llevó a la cárcel a un administrador del Ministerio de Gobierno (Interior), entre 1997 y 2002, Peter Sueldo, Albarracín salió al paso de la exposición y dijo que el dinero consignado en su cuenta responde a labores de mediación que encarnó en el lapso de mención y que los montos consignados a nombre de la activista Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, se desembolsaron con criterios indemnizatorios.

“En la mediación que hacíamos, arrancábamos el compromiso del gobierno para que indemnice con un monto de 50.000 bolivianos aproximadamente (por cada caído en los conflictos a manos de la fuerza pública y en medio de protestas). El gobierno, para indemnizar, su argumento era que estos presupuestos no están presupuestados, que ningún gobierno presupuesta el estado de conflictos con indemnización, por tanto ellos manifestaban que la única forma era la de usar los gastos reservados”, esgrimió.

“En consecuencia eso se a efectivizado a través de esos casos. Por eso no es novedad que figure el nombre del representante de la institución, no de Waldo Albarracín como persona particular, sino del representante, pero están los descargos que se hiso en ese momento. El fiscal (Peralta) habla de 150.000 bolivianos: no sólo era eso, era mucho más porque, en mis cálculos, más o menos se ha debido dar la indemnización a 20 ó 25 personas y si se calcula a 50 mil, era mucho más”, completó.

Albarracín se dijo, por lo tanto, inocente de los cargos que Peralta pareció levantar. “En mi caso jamás he recibido dinero de instancias estatales con fines personales o irregulares. Eso es imposible”.

La investigación del destino seguido por los gastos reservados, anunciado por el Estado, promovió ya la huida del ex ministro de Gobierno de Banzer, Guillermo Fortún que, después de plantear su candidatura a la Alcaldía de La Paz, con miras a las elecciones municipales de este domingo, huyó a Chile, vía Perú, aduciendo “persecución política”.

Como todos los ministros en esa cartera de Estado, en el lapso 1971 y 2005, Fortún se hizo responsable de la partida de gastos reservados.