El calvario de los bolivianos “ilegales” en Brasil
Actualidad - Jueves, 22 / Jul / 2004
(La Paz - La Razón)
Algunas empresas costureras contratan a migrantes indocumentados con el fin de pagar menos y hacerles trabajar más. El Ministerio de Trabajo de Bolivia solicitará un informe a su similar en Brasil para verificar esta situación.
Jornadas de trabajo de hasta 16 horas, seis días a las semana y sueldos bajos e incluso inexistentes son la realidad laboral que deben enrfentar los migrantes bolivianos que se trasladan ilegalmente a Brasil en busca de mejores condiciones de vida.
El matutino Folha do Sao Paulo alertó el domingo sobre esta situación. El artículo titula "Migrantes latinos también son explotados" y abre con un anuncio que se exhibe en la plaza Kantuta en el barrio de Pari, San Pablo, que dice: "Oficina de costura requiere overloquista. Urgente. No trabaja los sábados. Buena Paga".
Igualmente, describe el operar de las personas que contratan a los indocumentados, ofreciéndoles buenas condiciones de trabajo y salarios, cuando la realidad es diferente.
Jorge Villegas, presidente de la Federación de Residentes Bolivianos (Federbol) en Brasil, indicó que este problema es el más dramático que enfrenta la comunidad de residentes bolivianos.
"Los profesionales no tienen problemas de adaptación al sistema de Brasil, pero actualmente existe una gran cantidad de migrantes bolivianos que llegan en situación irregular que trabajan en condiciones precarias".
Villegas señaló que el origen del problema está en Bolivia, dada la situación que atraviesa el país. "Cuando llegan aquí, los migrantes se tornan presa fácil para una serie de actividades relacionadas con la costura".
La mayor parte de estos talleres son administrados por bolivianos, que amenazan a los trabajadores con la deportación para que no denuncien las condiciones en que trabajan.
El artículo de Folha do Sao Paulo recogió el testimonio de una migrante que, tras haber trabajado 16 horas diarias durante dos años, dejó de ser ilegal. "No recibía salario, la señora de la lavandería en que trabajaba me daba vales de vez en cuando".
El presidente de la Federbol añadió que los ilegales no tienen amparo del Estado boliviano. "La necesidad de buscar mejores horizontes en otro país se origina en un Estado que no les da trabajo y aquí no tienen ningún amparo por parte del consulado".
Al enterarse de la situación de los migrantes indocumentados, el viceministro de Trabajo, Rodolfo Eróstegui, hizo referencia a los Convenios 29 y 131 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), relativos al trabajo forzoso u obligatorio y a la fijación de salarios mínimos.
"Como Gobierno tenemos que solicitar que el Ministerio de Trabajo del Brasil haga cumplir estos convenios. Vamos a solicitar una información más detallada al Ministerio de Trabajo en Brasil y a partir de estos informes podremos hacer algo mucho más concreto".
Eróstegui recordó la situación en que vivían los bolivianos que migraban ilegalmente a Argentina y también eran explotados. "Hubo una gran colaboración del Gobierno argentino en esa oportunidad y estoy seguro que ahora también se generará el aporte del Gobierno de Brasil porque se trata de hacer cumplir las normas".
Por su parte, la Federbol desarrolla mecanismos propios para poder ayudar a los bolivianos ilegales en Brasil. Una de las propuestas es organizar a los migrantes en cooperativas y crear mercados para la comercialización directa de los productos. Villegas indica que así se podría sacar de la cadena productiva a los generadores de la esclavitud.
Un convenio garantizará las condiciones laborales
Bolivia • El convenio 29 relativo al trabajo forzoso podría entrar en vigor el mes próximo.
El Ministerio de Trabajo lleva adelante un programa para ratificar el Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionado con el trabajo forzoso u obligatorio.
El viceministro de Trabajo, Rodolfo Eróstegui, señaló la importancia y la necesidad de contar con este convenio debido a los casos de trabajo forzoso que se presentan en el país.
"El año pasado tuvimos dos situaciones de trabajo forzoso, una en el Macororó y otra en la región fronteriza del Chaco. Se hizo una evaluación similar a la que realiza la OIT en Brasil y el próximo mes se presentarán las conclusiones".
El convenio 29 fue adoptado el 28 de junio 1930, durante una reunión del Consejo de Administración de la OIT en Ginebra.
Dicho documento conmina a los miembros de la OIT que ratifiquen el convenio a "suprimir, lo más pronto posible, el empleo del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas".
El convenio precisa que las autoridades competentes no deberán imponer o dejar que se imponga el trabajo forzoso en provecho de particulares, de compañías o de personas jurídicas de carácter privado.
Eróstegui añadió que en Bolivia y en la mayoría de los países, el trabajo forzoso no está tipificado ni sancionado por la Ley del Trabajo, sino por los códigos penales respectivos porque "es un delito hacer trabajar a gente en calidad de esclavos". Además de establecer las condiciones en que se permite el trabajo forzoso, el documento precisa que dicha forma laboral deberá ser remunerada con sueldos monetarios que no sean inferiores a las tasas vigentes en la región donde los trabajadores estén empleados o donde fueron reclutados.
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Jornadas de trabajo de hasta 16 horas, seis días a las semana y sueldos bajos e incluso inexistentes son la realidad laboral que deben enrfentar los migrantes bolivianos que se trasladan ilegalmente a Brasil en busca de mejores condiciones de vida.
El matutino Folha do Sao Paulo alertó el domingo sobre esta situación. El artículo titula "Migrantes latinos también son explotados" y abre con un anuncio que se exhibe en la plaza Kantuta en el barrio de Pari, San Pablo, que dice: "Oficina de costura requiere overloquista. Urgente. No trabaja los sábados. Buena Paga".
Igualmente, describe el operar de las personas que contratan a los indocumentados, ofreciéndoles buenas condiciones de trabajo y salarios, cuando la realidad es diferente.
Jorge Villegas, presidente de la Federación de Residentes Bolivianos (Federbol) en Brasil, indicó que este problema es el más dramático que enfrenta la comunidad de residentes bolivianos.
"Los profesionales no tienen problemas de adaptación al sistema de Brasil, pero actualmente existe una gran cantidad de migrantes bolivianos que llegan en situación irregular que trabajan en condiciones precarias".
Villegas señaló que el origen del problema está en Bolivia, dada la situación que atraviesa el país. "Cuando llegan aquí, los migrantes se tornan presa fácil para una serie de actividades relacionadas con la costura".
La mayor parte de estos talleres son administrados por bolivianos, que amenazan a los trabajadores con la deportación para que no denuncien las condiciones en que trabajan.
El artículo de Folha do Sao Paulo recogió el testimonio de una migrante que, tras haber trabajado 16 horas diarias durante dos años, dejó de ser ilegal. "No recibía salario, la señora de la lavandería en que trabajaba me daba vales de vez en cuando".
El presidente de la Federbol añadió que los ilegales no tienen amparo del Estado boliviano. "La necesidad de buscar mejores horizontes en otro país se origina en un Estado que no les da trabajo y aquí no tienen ningún amparo por parte del consulado".
Al enterarse de la situación de los migrantes indocumentados, el viceministro de Trabajo, Rodolfo Eróstegui, hizo referencia a los Convenios 29 y 131 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), relativos al trabajo forzoso u obligatorio y a la fijación de salarios mínimos.
"Como Gobierno tenemos que solicitar que el Ministerio de Trabajo del Brasil haga cumplir estos convenios. Vamos a solicitar una información más detallada al Ministerio de Trabajo en Brasil y a partir de estos informes podremos hacer algo mucho más concreto".
Eróstegui recordó la situación en que vivían los bolivianos que migraban ilegalmente a Argentina y también eran explotados. "Hubo una gran colaboración del Gobierno argentino en esa oportunidad y estoy seguro que ahora también se generará el aporte del Gobierno de Brasil porque se trata de hacer cumplir las normas".
Por su parte, la Federbol desarrolla mecanismos propios para poder ayudar a los bolivianos ilegales en Brasil. Una de las propuestas es organizar a los migrantes en cooperativas y crear mercados para la comercialización directa de los productos. Villegas indica que así se podría sacar de la cadena productiva a los generadores de la esclavitud.
Un convenio garantizará las condiciones laborales
Bolivia • El convenio 29 relativo al trabajo forzoso podría entrar en vigor el mes próximo.
El Ministerio de Trabajo lleva adelante un programa para ratificar el Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionado con el trabajo forzoso u obligatorio.
El viceministro de Trabajo, Rodolfo Eróstegui, señaló la importancia y la necesidad de contar con este convenio debido a los casos de trabajo forzoso que se presentan en el país.
"El año pasado tuvimos dos situaciones de trabajo forzoso, una en el Macororó y otra en la región fronteriza del Chaco. Se hizo una evaluación similar a la que realiza la OIT en Brasil y el próximo mes se presentarán las conclusiones".
El convenio 29 fue adoptado el 28 de junio 1930, durante una reunión del Consejo de Administración de la OIT en Ginebra.
Dicho documento conmina a los miembros de la OIT que ratifiquen el convenio a "suprimir, lo más pronto posible, el empleo del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas".
El convenio precisa que las autoridades competentes no deberán imponer o dejar que se imponga el trabajo forzoso en provecho de particulares, de compañías o de personas jurídicas de carácter privado.
Eróstegui añadió que en Bolivia y en la mayoría de los países, el trabajo forzoso no está tipificado ni sancionado por la Ley del Trabajo, sino por los códigos penales respectivos porque "es un delito hacer trabajar a gente en calidad de esclavos". Además de establecer las condiciones en que se permite el trabajo forzoso, el documento precisa que dicha forma laboral deberá ser remunerada con sueldos monetarios que no sean inferiores a las tasas vigentes en la región donde los trabajadores estén empleados o donde fueron reclutados.
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