Quiroga logra apoyo político para enfrentar protestas

(La Paz - La Razón)
El Primer Mandatario mantuvo contactos con los jefes del MIR, UCS y el MNR para concertar acciones contra el “narcoterrorismo”. Se buscará sancionar a Evo Morales.
Pese a los muertos, el Gobierno no dará un paso atrás en Sacaba.

El presidente Jorge Quiroga logró el respaldo político suficiente para combatir al “narcoterrorismo”, sancionar al dirigente Evo Morales y fortalecer la presencia de las fuerzas del orden en la zona de conflicto. No se descarta aplicar medidas radicales.

Preocupado por los siete fallecidos tras la aplicación del decreto que prohíbe comercializar la hoja la coca, El presidente Quiroga mantuvo contactos telefónicos con los máximos dirigentes de la coalición y el MNR a quienes pidió concertar acciones contra el narcoterrorismo, según varias fuentes políticas consultadas.

Estas acciones se desarrollarían en tres escenarios: informar sobre la presunta intervención foránea en el conflicto; impulsar el desafuero de Morales y mantener la vigencia del decreto y la presencia uniformada “en forma implacable” y continuada.

Tras el contacto, el MIR fue el primero en respaldar la estrategia. En un principio, los miristas consideraron que ésta no era la mejor opción a cinco meses de las elecciones. Pero después, pidió endurecer la posición oficial.

El diputado Hugo Carvajal anunció que su partido no sólo apoya y apoyará las acciones de Quiroga en esta materia, sino que solicitará al Gobierno la confiscación de tierras en las que se hubiese plantado coca nueva en el Chapare y la cárcel, previo proceso, de quienes la cultiven.

Similar criterio adoptó UCS, que tras el contacto presidencial, no opuso reparos para dar su “respaldo absoluto” al Ejecutivo y en pedir “más energía similar a la usada para capturar a los atracadores y delincuentes”, sostuvo el dirigente Moisés Jarmusz.

El MNR también fue consultado por Quiroga, quien informó a Gonzalo Sánchez de Lozada sobre los hechos de Sacaba y obtuvo por respuesta que siente “preocupación”, confirmó el dirigente Carlos Sánchez Berzaín.

Tras ese contacto, el dirigente advirtió que el “narcoterrorismo” en el Chapare está en marcha, pero prefirió mantener distancia frente a los hechos de violencia. “Es un tema delicado que está en evolución y espera. El Gobierno debe hacer cumplir la ley”.

La iniciativa de sancionar a Evo Morales fue inmediatamente respaldada por los tres dirigentes políticos consultados.

El primer paso, sin embargo, consistirá en investigar las muertes de los oficiales torturados y asesinados, para cuyo efecto, el fiscal Oscar Crespo se encuentra en Cochabamba, donde dirige las pesquisas policiales.

Los uniformados

Abril del 2000 • En Achacachi, el mayor Jesús Omar Téllez es linchado por una turba de campesinos.

Enero del 2002 • En Sacaba, mueren con disparos de bala en el pecho el dragoneante Nelson Cartagena (de 20 años) y el soldado Luis Pinaya (de 19). También fallecen masacrados por los cocaleros el subteniente Marcelo Trujillo Aranda y el policía Antonio Pallarico.

Los cocaleros

Septiembre del 2000 • Los bloqueos de caminos en todo el país dejan nueve víctimas, tres de ellos cocaleros del Chapare: Pedro Vásquez, Jhonny Fuentes y Benigno Siles, quienes fallecen producto de disparos de bala.

Noviembre del 2001 • Los uniformados provocan la muerte de cinco cocaleros del Chapare durante el bloqueo de la carretera principal de la zona: Abel Orosco Torrico (de 48 años), Máximo Rojas Soles (de 22) Claudio Quiroga Herrera (de 26), Andrés Condori Aguilar (de 35) y Casimiro Huanca Choque (de 55).

Enero del 2002 • En la población de Sacaba, los enfrentamientos por la reapertura del mercado de la coca dejan tres víctimas con disparos de bala.

Fallecen los cocaleros: Fidel Montaño (de 30 años), Fortunato Marcani (de 22) y Lucio Montaño.


ANÁLISIS
Es posible una política sin dogmatismo

Roberto Laserna, analista en tema antinarcóticos

Siete muertos son demasiados. La violencia debe ser detenida de inmediato. No hay nada que la justifique. Son siete ciudadanos bolivianos cuya ausencia no la podrán llenar el llanto de sus familiares ni los lamentos de las autoridades. Los hemos perdido. Y lo que es más doloroso, sin causa o motivo que pueda aligerar las penas.

Lo que ha desencadenado la violencia, en este caso, ha sido un decreto de legalidad discutible, como lo ha hecho notar la Defensora del Pueblo, por el cual el Viceministerio de Defensa Social clausuró el mercado de la coca en Sacaba.

La decisión gubernamental es ciertamente coherente con su política antidrogas. Pero es esa política, precisamente, la que no es coherente con las necesidades de la gente y con las condiciones económicas, sociales y políticas del país. La barbarie desatada, que no dudo en condenar, expresa la magnitud de una furia que nace de la impotencia y la desesperación.

Ni el cierre de los mercados ni la erradicación forzosa en el Chapare van a resolver el problema de los consumidores de drogas. Al contrario, como lo estamos viendo en estos días, generan nuevos problemas.

Necesitamos restablecer las condi- ciones de un diálogo que permita formular una política guiada por objetivos realistas y que reconozca y armonice, al menos en parte, los intereses de los campesinos, del Estado y de todos los ciudadanos que somos parte de él. Creo que es posible concertar una política de esas características si se dejan de lado posiciones fundamentalistas y se reconoce el valor intrínseco de la vida y la importancia de la paz.

Aunque se realizó en condiciones adversas y bajo presiones, en noviembre se sentaron las bases de un acuerdo que podrían ayudar a avanzar en ese camino. Las autoridades del Gobierno y los dirigentes campesinos pueden demostrar su liderazgo deteniendo la violencia y concertando soluciones. Todos sabemos que cualquiera desencadena un conflicto, pero sólo las grandes personalidades lo resuelven.