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8 de febrero, 2012

Defensor pide privilegiar el diálogo y favorecer paz social


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(ABI) El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, remitió la noche del martes una carta al presidente Evo Morales en la que pide se extremen esfuerzos para favorecer la paz social en el país, se precautele la unidad del movimiento indígena originario campesino y se privilegie el diálogo para encontrar soluciones a sus demandas.

En la misiva, el Defensor del Pueblo dice que está “profundamente” preocupado por el curso que ha tomado el tratamiento a la plataforma de la dirigencia del Consejo Indígena del Sur (CONISUR) a pesar de la posición expresada por el Jefe de Estado de respetar las decisiones a las que arriben las autoridades del CONISUR y de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), en el marco del diálogo.

Villena considera que la Asamblea Legislativa Plurinacional ha determinado la elaboración, “de manera unilateral, de un proyecto de ley con la dirigencia del CONISUR, en una acción que, a su juicio, contradice el espíritu expresado por el Primer Mandatario.

Esa situación, según el Defensor del Pueblo, podría aumentar los eventuales desencuentros al interior del movimiento indígena de tierras bajas y afectar su unidad y fortaleza, además de la posibilidad de una serie de conflictos a nivel nacional.

En esa dirección, Villena pidió que se extremen esfuerzos para favorecer la paz social en el país, precautelando la unidad del movimiento indígena originario campesino, por cuanto, “la democracia y el proceso de cambio que vivimos todas las bolivianas y bolivianos en el marco del Estado Plurinacional es producto de las luchas históricas y del proceso emancipatorio protagonizado por el movimiento indígena originario campesino en Bolivia”.

“Instruir a las autoridades correspondientes que cualquier decisión gubernamental respecto a esta problemática sea encaminada por la vía del diálogo, en el marco del respeto de los Derechos Humanos, de las naciones y pueblos indígenas originarios, sus instancias organizativas, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado y la normativa internacional sobre Derechos Humanos de la que Bolivia es parte”, reseña la carta del Defensor del Pueblo enviada al Primer Mandatario.





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