El Tribunal pasó la responsabilidad al Congreso. El Ejecutivo hizo lo propio. El Congreso pide que Mesa fije posición. La Fiscalía requiere los contratos en Sucre. El gobierno de Mesa es acusado se suscribir uno.
La responsabilidad sobre la firma, el aval y la legalidad de los 72 contratos petroleros rebota entre los tres poderes del Estado y su debate cayó en la politización y las acusaciones mutuas.
En medio de esa polémica, el Poder Ejecutivo anunció ayer que el lunes enviará estos documentos al Congreso para que en esa instancia los aprueben o rechacen. Entre tanto, la Fiscalía los requiere para una investigación.
La polémica se agudizó la semana pasada, cuando el Tribunal Constitucional declaró que el Congreso debía avalar los contratos para que sean válidos. Luego, el Ejecutivo decidió remitirlos al Congreso para cumplir con ese requisito. Sin embargo, los parlamentarios dijeron que esa es una responsabilidad
del Ejecutivo. Acto seguido, la Fiscalía decidió investigar los documentos.
Sin tocar el fondo de los citados contratos, los partidos comenzaron las acusaciones sobre quiénes los firmaron. Y, entre los señalados está el propio presidente Carlos Mesa, a quien el MAS acusó de suscribir uno de explotación petrolera con la empresa Chaco.
Ni el MAS, promotor de que los contratos no son constitucionales, tomó una decisión sobre el tema y, por el contrario, el jefe de este partido, Evo Morales, prefirió devolverle la responsabilidad al Presidente, pidiéndole que los declare nulos por decreto.
NFR y MIR también esperan que Mesa fije una posición y dicen que ante la falta del aval congresal, las empresas deberán migrar obligatoriamente a otros contratos que establezca la nueva Ley de Hidrocarburos.
Y la decisión de la Fiscalía General de investigar los contratos también se gestó en el ámbito político. El líder
de la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares; el diputado del MIP Juan Gabriel Bautista, el abogado Alberto Costa Obregón y el concejal Roberto de la Cruz, presentaron la demanda en Sucre.
Además, un grupo de abogados, encabezados por el diputado Roberto Fernández (NFR), amenazó con juicios de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge Quiroga y Carlos Mesa, porque firmaron contratos en el marco de la ley del gas vigente.
“Ni siquiera es un juego político, es que están enredados, están apresados entre dos posiciones ideológicas. Los tres poderes deberían sentarse y ver cuál es la salida y lo mejor para el país y no pasarse la bolita entre ellos”, dijo el analista Álvaro Ríos.
El entendido explicó que si bien los contratos requieren de un aval congresal, no hay un fallo que obligue a dar ese paso. Pero rescata los argumentos del otro bando porque, dice que los “contratos están apoyados en
la ley vigente y los tratados que firmó el Estado boliviano con los países”.
Mesa prohibió los contratos
El ministro de la Presidencia, José Galindo, aseguró ayer que el presidente Carlos Mesa no firmó ningún contrato de riesgo compartido en su gestión.
Ante acusaciones de parlamentarios del MAS y la NFR de haber suscrito un contrato de explotación con la empresa Chaco y no haberlo enviado al Congreso, Galindo aseguró que el Jefe de Estado no sabía del contrato y que incluso mediante decreto prohibió la firma de contratos de riesgo compartido con las petroleras.
Según datos de YPFB, los últimos contratos que firmó la entidad fueron: uno de exploración del 28 de octubre de 2003, con la empresa Petrobras, cuando era presidente de Yacimientos Raúl Lema y el otro, de explotación, que fue suscrito el 25 de mayo de 2004, con la empresa Chaco, cuando presidía la empresa petrolera estatal Jaime Barrenechea.
