Autores del delito cometido contra Lindaura y Miranda son enviados a Chonchocoro, se les otorgó la pena máxima

En una audiencia cautelar, se determinó que los acusados por el asesinato de María Lindaura Vega Jaldín y de su hija Miranda Lucía Tejada Vega, sean sentenciados a la pena máxima, es decir 30 años de cárcel, sin derecho a indulto.

El juez del Tribunal Séptimo de Sentencia, Luis Fernando García, tomó la determinación en contra de Gabriel Edmundo Montalvo Rodríguez, el autor intelectual y material y de Wilfredo Luis Santos Salazar, el autor material.

Ambos fueron enviados a la cárcel de Chonchocoro en el municipio de Viacha en el departamento de La Paz. Los sujetos deberán permanecer 30 años privados de su libertad, por el asesinato que conmocionó a la población.

Cabe señalar que, dentro del mismo caso, la autoridad jurisdiccional determinó otorgar detención preventiva para José L.S.S., de 29 años, por presunta complicidad a cumplir en el centro penitenciario de San Pedro.

El fiscal Departamental de La Paz, precisó que este tercer involucrado, sería quien habría conducido el vehículo para trasladar a los cuerpos y a su hermano hasta la comunidad de Ponguini en el municipio de Viacha, lugar donde fueron enterradas las víctimas.

Además de esto el sujeto tenía en su posesión los celulares, por lo que se estableció que permanecerá detenido preventivamente mientras las investigaciones por este caso continúen y se determine su grado de participación.

“De acuerdo a la teoría criminal, el tercer involucrado sería el garante necesario en el crimen que se cometió en contra de una madre y su hija”, señaló Alave.

Sobre la causa de la muerte de las dos víctimas, se supo a través de la autopsia médico legal que fue por asfixia mecánica por sofocación. Asimismo, los autores admitieron su responsabilidad y solicitaron acogerse a un juicio abreviado que dio lugar a la pena máxima.

Desde la Fiscalía señala que el 4 de febrero, los familiares de María y Miranda reportaron su misteriosa desaparición, ante este hecho, las instancias pertinentes iniciaron la investigación por el delito de Trata de Personas.

Sin embargo, cuatro días después, el inquilino de las víctimas entró en contradicciones durante las comparaciones y la revisión de las cámaras de seguridad del domicilio. Es así que en su segunda entrevista policial, el sujeto terminó confesando que junto al albañil, al que debía pagarle 3.500 dólares, le quitaron la vida a ambas mujeres.

Luego, tras cometer el delito, trasladaron los cuerpos de las víctimas hasta el municipio de Viacha, con la ayuda del hermano del albañil, ahora acusado de complicidad.