Leyes firmes y coordinación, claves para el derecho ambiental, según expertos

Este seminario, organizado por el Tribunal Agroambiental de Bolivia y la cooperación española, concluyó este miércoles con un taller práctico en el que especialistas españoles y bolivianos expusieron diversos delitos ecológicos ocurridos en sus países, junto a las medidas judiciales emprendidas contra este tipo de agresión medioambiental.

Los fiscales españoles que participan en el seminario recordaron los desastres ecológicos ocurridos en el parque nacional de Doñana, con el vertido tóxico de la mina de Aznalcóllar en 1998; la catástrofe natural ocurrida en la bahía de Portmán, por el vertido de la empresa Peñarroya, entre 1957 y 1987, o la contaminación producida en el entorno ecológico de las Tablas de Daimiel.

Los expertos bolivianos, entre ellos la magistrada del Tribunal Agroambiental Paty Coana, pusieron como ejemplo la contaminación minera del río Pilcomayo, en el sur del país, y en el lago Titicaca, en el norte.

"Los casos mineros son los más problemáticos, porque sus efectos son más impactantes", explicó el fiscal jefe de la Fiscalía española de Medio Ambiente, Antonio Vercher.

Junto a Vercher participaron en el foro el magistrado especialista Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Santiago de Andrés, y el fiscal de la Fiscalía de Medio Ambiente de España Germán Gutiérrez.

De Andrés recordó que en los delitos de urbanismo la corrupción viene muchas veces derivada de las decisiones de los alcaldes y ayuntamientos al decidir dónde se va a construir y el valor del terreno.

"Es una materia en la que tenemos mucho que avanzar todavía", aseguró el magistrado.

Según dijo al respecto Vercher, "una construcción ilegal acaba deteriorando el medio ambiente" y "la especulación acaba siendo el detonante de esa corrupción".

El fiscal Gutiérrez apuntó al respecto la necesidad de que fiscales, tribunales, instituciones públicas y otras administraciones estatales coordinen sus acciones para poder atajar esos delitos y dotar de mayor eficacia a la acción de la justicia medioambiental.

Por parte boliviana, asistieron al seminario magistrados del Tribunal Agroambiental, jueces agroambientales, además de representantes de los Ministerios de Medio Ambiente, Justicia y Exteriores, así como diversas autoridades indígenas, originarias y campesinas.

Este foro se enmarcó en el programa "Fortalecimiento de la independencia del sistema judicial de Bolivia", sufragado por la Unión Europea y puesto en marcha por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Oficina del Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia. EFE