Comité de la Csutcb da ultimátum de 72 horas para aprobar el PGE 2023

Los dirigentes de la Confederación Sindical de Campesinos de Bolivia (Csutcb) lanzaron un ultimátum a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tras darle un plazo de 72 horas para la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado 2023. 

"Damos 72 horas para la aprobación del PGE 2023 Reformulado; en caso de que no se cumpla en el plazo, seremos obligados a tomar el parlamento, es hora de que reflexionen”, precisó Lucio Quispe, vocero ejecutivo de la organización sociales. 

Informó que, en ese plazo, la Csutcb convocará a un ampliado para que, de manera orgánica, se decidan las medidas más efectivas para la aprobación del proyecto de ley.

Quispe fustigó duramente la conducta de los asambleístas del “ala radical”, que responde a Evo Morales, quienes “pactaron con la oposición”, para provocar un boicot económico al país, al no aprobar el PGE 2023. El ejecutivo señaló que existe un malestar en las filas de los trabajadores del agro en todo el territorio nacional por el rechazo a esa normativa.

Por su parte, el dirigente, Efraín Mollo, censuró que los diputados del ala radical del MÁS se olvidaran de su pueblo “a quien se deben” y formaron un pacto para “tumbar” al presidente Luis Arce.

“Los senadores y diputados han sido elegidos por nosotros y tienen que trabajar para nosotros y no pueden venir ahora a trabajar para un grupo, una logia que ahora se articuló con las mismas acciones de los derechistas, y se forma el pacto de los sinvergüenzas”, protestó.

Señaló que actualmente “la derecha” se articuló a la cabeza de Andrónico Rodríguez y Evo Morales. Cabe resaltar que desde hace varios meses que el proyecto ha sido rechazado tras incluir las modificaciones, esto ha generado una situación de emergencia entre los municipios de Bolivia que aseguran se encuentran en crisis financiera. 

“Es un tema que afecta a todo el país, no nos olvidemos que son más de dos mil millones de bolivianos, recursos destinados para universidades, gobiernos municipales y más de los 357 municipios de todo el país”, denunció el vicepresidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Pedro Damián Dorado.

En este sentido, resaltó que los recursos son de vital importancia para mantener los empleos directos e indirectos en las instituciones públicas, para gestionar las logísticas de los incendios forestales, comprar medicinas y cancelar contratos de obras. Las universidades y alcaldías son las más afectadas por esta situación.