Bolivia y Brasil crean comisión para analizar caso de Roger Pinto

Los Gobiernos de Bolivia y Brasil acordaron  crear una comisión de autoridades y expertos que analizará el caso del senador boliviano Roger Pinto, asilado en la embajada brasileña en La Paz.

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Los Gobiernos de Bolivia y Brasil acordaron  crear una comisión de autoridades y expertos que analizará el caso del senador boliviano Roger Pinto, asilado en la embajada brasileña en La Paz.

El anuncio fue realizado por los cancilleres de Bolivia, David Choquehuanca, y de Brasil, Antonio Patriota, tras una reunión en la ciudad central de Cochabamba, donde el ministro brasileño también sostuvo un encuentro con el presidente Evo Morales.

Patriota dijo a los medios que el asunto del senador Pinto es "importante", por lo que se decidió "el establecimiento de un grupo de trabajo en el que participarán representantes de las cancillerías y expertos en la materia para un examen de todos lo aspectos relevantes con relación al tema".

"Estos equipos coordinarán. Queremos ambos países superar este asunto", dijo escuetamente, por su parte, Choquehuanca.

Pinto permanece asilado en la sede de la embajada en La Paz desde el 28 de mayo pasado, alegando que es víctima de una "persecución política" por acusar de corrupción y connivencia con el narcotráfico al Gobierno de Morales, que rechaza tal denuncia.

El senador temía ser detenido porque afrontaba más de 20 juicios impulsados por el Gobierno en diferentes ciudades bolivianas.

El Ejecutivo boliviano ha negado hasta ahora el permiso de salida del país al senador aduciendo que está implicado en supuestos actos de corrupción.

La Embajada brasileña en Bolivia habilitó un espacio especial para el político, con rejas de seguridad en la ventana y un área con cama, una mesa y una pequeña sala para reuniones y ejercicios.

Desde que Morales asumió la Presidencia en 2006, decenas de dirigentes de la oposición han huido de Bolivia y buscado refugio en Brasil, Paraguay, Estados Unidos, Perú y España, entre otros países, tras acusar al Gobierno de persecución política y argumentar que no tendrán un juicio justo en este país.

El Ejecutivo niega que haya presos o perseguidos políticos, y aduce que se trata, en su mayoría, de casos de supuesta corrupción.