Examen toxicológico practicado por el IDIF confirma que el deceso de Montenegro fue por un infarto

El director del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Luis Fernando Alcocer, informó que tras realizar el examen de toxicología forense al extinto exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) Juan Carlos Montenegro, las pruebas dieron negativo para sustancias tóxicas.

“El médico forense, al momento de hacer la autopsia tomó una muestra de la pared del estómago que fue procesada y en el tema de las benzodiacepinas no hemos encontrado plaguicidas tampoco, sustancias controladas u otras drogas de abuso tampoco, metabolitos de cocaína o marihuana tampoco, pero nos fijamos que está presente la amiodarona, que como efecto secundario tiene los trastornos cardiovasculares”, explicó Alcocer.

En ese sentido, se pudo confirmar que su muerte no fue provocada, se habría debido a un infarto agudo. El resultado se dio en medio de una polémica por la carta póstuma que habría dejado Montenegro.

En ese contexto, la autoridad explicó que, durante la autopsia, no se evidenció ningún tipo de lesiones; sin embargo, al examen interno se observó que el corazón presentaba “una cardiomegalia evidente y miocardiopatía hipertrófica ventricular izquierda”, es decir, que el corazón de Montenegro presentaba un crecimiento evidente, denotando que pudo haber presentado problemas de infarto anteriores.

Es así que la autopsia estableció que la causa de muerte fue un shock cardiogénico, lesión isquémica miocárdica e infarto agudo de miocardio. Según Alcocer y basándose en los resultados la muerte de Montenegro no fue provocada.

“Vemos que la muerte de una porción del musculo cardiaco produce alteración gravísima en la función del corazón, comprometiendo la función del mismo. Se descarta el consumo de bebidas alcohólicas, sustancias controladas u otras drogas de abuso”, dijo la autoridad al dar a conocer los resultados.

Este miércoles se conoció la muerte de Montenegro quien era investigado por irregularidades en la construcción de 18 piscinas de evaporación de la planta industrial de carbonato de litio. Según una auditoría especializada, el daño económico al Estado es superior a los 425 millones de bolivianos.