La Justicia, la asignatura pendiente de la democracia boliviana

Retraso crónico en los juicios que deriva en una peligrosa masificación carcelaria, linchamientos populares, corrupción en la judicatura y politización de los magistrados son algunos de los males que han convertido a la Justicia boliviana en la asignatura pendiente de la democracia en este país.

A esta situación se suma otro de los problemas endémicos de la sociedad boliviana, la violencia machista, de la que no se libran ni siquiera las magistradas, que han comenzado a denunciar malos tratos a manos de sus propios compañeros.

El Gobierno boliviano es consciente de la grave situación que atraviesa su sistema judicial y, de hecho, el único cambio que ha introducido el presidente Evo Morales para la gestión 2014 ha sido en el Ministerio de Justicia, con la marcha de Cecilia Ayllón para dar paso a la abogada Elizabeth Gutiérrez.

"Hay que reconocer que estamos mal en la Justicia boliviana (...) siento que no nos levantamos", admitió el mandatario en enero pasado durante su rendición de cuentas anual ante el Congreso.

El último síntoma de la mala salud judicial del país ha sido la renuncia, esta semana, del presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Hurtado.

Aunque el magistrado ha aducido "motivos personales", su dimisión se produce después de que trascendiera una denuncia de su esposa por violencia machista.

Y es que no pasa una semana en Bolivia sin que se produzca algún sobresalto en las mimbres judiciales del país.

La pasada semana, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, denunció a varios funcionarios de la institución por cobrar sobornos a jueces a cambio de asegurar su puesto, lo que ha provocado una investigación de la Fiscalía General.

De confirmarse este caso, no sería la primera red de extorsión al más alto nivel que se destapa en Bolivia, ya que a finales de 2012 fue denunciada la existencia de otro grupo de altos funcionarios de la Justicia y el Gobierno que extorsionaban a reos a cambio de lograr su libertad o beneficios penitenciarios.

Otro de los males de la Justicia boliviana son las continuas acusaciones de politización de sus más altas instancias.

La clave reside en la elección de jueces por voto popular, un sistema instituido por el Gobierno de Morales y que provoca que cualquier movimiento judicial que afecte al Ejecutivo sea recibido con suspicacia.

Los órganos que se rigen por elección popular son los tribunales Supremo, Constitucional, Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

Este sistema ha abierto las puertas a que se conviertan en jueces personas sin formación para el cargo.

Las acusaciones de politización de las instancias judiciales alcanzaron su apogeo cuando el año pasado el Tribunal Constitucional avaló una nueva candidatura de Evo Morales a la presidencia en las elecciones de octubre próximo.

Para avivar el fuego, la nueva ministra de Justicia acaba de reconocer las grietas que existen en la designación de jueces por votación popular.

Elizabeth Gutiérrez consideró recientemente que el sistema es un "desacierto" y que la elección de los altos cargos judiciales debería hacerse "en base a su currículum y no en base al voto".

También ha sido crítico con la Justicia el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, quien ha propuesto sanciones e incluso cárcel para los jueces y fiscales que no concluyan un juicio en seis meses.

El crónico retraso de los procesos judiciales ha llevado a unas cotas de masificación carcelaria desmesuradas que no han paliado dos decretos de indulto.

Ocho de cada diez presos en Bolivia lo están en régimen preventivo y sin sentencia.

Pero paradójicamente, quienes no suelen acabar entre rejas son las turbas autoras de linchamientos y ejecuciones en nombre de la justicia comunitaria indígena, consagrada en la Constitución de 2009 y que, en realidad, no prevé la pena capital.

Según organizaciones de derechos humanos, cada año se contabilizan en Bolivia entre 10 y 20 casos de linchamiento y una cifra mayor de intentos.

En diciembre pasado, legisladores del Movimiento al Socialismo, el partido de Morales, rechazaron la injerencia de organizaciones sociales en asuntos judiciales.

Este pronunciamiento del oficialismo tuvo lugar después de que trascendiera que un sindicato de Cochabamba escribió al Gobierno y los jueces para que detuvieran las investigaciones sobre un triple linchamiento ocurrido en 2009.

El principal detenido por ese crimen fue un sindicalista que quedó libre poco después de que su gremio enviara las cartas.

Estos problemas han llamado la atención de Naciones Unidas, que en su último informe anual sobre Derechos Humanos ha mostrado preocupación por la persistencia de la "seria crisis" judicial pese a las reformas gubernamentales.

Sobre este informe, la ya ex ministra Ayllón achacó los males del sistema a que Bolivia arrastra "una herencia de más de 178 años de una cultura jurídica colonial". Lorena Cantó. EFE