ONU preocupada por violencia contra defensores de derechos humanos en Bolivia

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó en un comunicado "que es la responsabilidad primordial del Estado garantizar la vida, la libertad, la integridad física y la labor de todas las personas involucradas en actividades de defensa de derechos humanos, sin distinción de origen nacional, nacimiento, opiniones políticas o cualquier otra condición social".

El organismo se refirió, en concreto, al reciente incendio en el campamento montado frente al Ministerio de Justicia por víctimas de las dictaduras, a una intervención policial hace tres semanas en las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y a amenazas recibidas por una activista.

En el caso del incendio, ocurrido el pasado domingo, "no se registraron víctimas pero los daños materiales son cuantiosos, particularmente la destrucción de expedientes" correspondientes a la Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad y "a víctimas de las dictaduras", manifestó la nota.

"La OACNUDH-Bolivia se hizo presente en el lugar de los hechos, notó la ausencia de autoridades policiales en el lugar y la falta de protección de la escena para la necesaria identificación de indicios o evidencias que puedan esclarecer los sucesos allí acontecidos", agregó.

Los expedientes ahora calcinados formaban parte del acopio de pruebas que la Plataforma contra la Impunidad había realizado para presentarlas, por medio de la APDH, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este colectivo, que lleva dos años acampado a las puertas del Ministerio, demanda el cumplimiento de una ley de 2004 que obliga al Estado a pagar indemnizaciones a las víctimas de las dictaduras militares.

El informe elaborado por los bomberos tras el incendio estableció que la causa fue un corto circuito, mientras que la Plataforma asegura que se trató de un atentado perpetrado por desconocidos que lanzaron combustible a las carpas.

La OACNUDH también lamentó la intervención policial en las oficinas de la APDH en La Paz, ocurrida entre el 18 y el 21 de enero pasado, que afectó "el desarrollo de la labor" de esta entidad.

El organismo mencionó, además, las "amenazas, acosas y amedrentamientos" de los que ha sido víctima desde noviembre pasado la directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal, Emma Bravo.

Los casos del incendio y de Bravo ya han sido denunciados ante la Fiscalía para su investigación. EFE