FIDH califica a la Unión Juvenil Cruceñista como “grupo paramilitar”

Publicidad (ABI) La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), mediante sus misiones de investigación, calificó este lunes a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) como grupo paramilitar que no es otra cosa que un brazo armado del Comité Cívico de Santa Cruz para realizar actos violentos fundados en la intolerancia, la discriminación y el racismo.

Los delegados de la FIDH, Javier Mujica, Antonia Reyes Prado y José Ricardo de Prada, realizaron una investigación entre el 20 y 29 del presente sobre racismo, intolerancia e impunidad en Bolivia, visitando varias regiones.

A través de un informe, la FIDH denunció los ataques, actos de hostigamientos, amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos y dirigentes campesinos que luchan contra la impunidad, o por una repartición equitativa de la tierra, “perpetrados por actores radicales, entre los cuales aparece la Unión Juvenil Cruceñista, grupo paramilitar que no es si no el brazo armado del Comité Cívico de Santa Cruz”.

Para la FIDH, las personas, las autoridades y comunidades que se sienten afectadas por este proceso tienen todo el derecho de no estar de acuerdo con el mismo, o con las autoridades nacionales que lo conducen, pero eso no les autoriza a emplear métodos ilegales, violentos y racistas para ejercer su derecho a la oposición.

Esta delegación recibió información sobre la destrucción y saqueo a las instituciones públicas y organizaciones sociales, en el marco de reiterados hechos de vandalismo y amenazas contra las personas y entidades críticas frente a la posición de autoridades de la región.

También fue informada de que en Pando, y específicamente en la comunidad del “Porvenir”, fue detenida violentamente la marcha de un grupo multitudinario de campesinos que se dirigía a un ampliado departamental convocado por la Federación de Campesinos de la región.

El comunicado de la FIDH, establece que en este hecho se registró la muerte de al menos 18 personas, incluyendo tres normalistas; la retención temporal de otras 15, que fueron llevadas a instalaciones del Comité Cívico de Pando, donde sufrieron vejámenes.

Además de la desaparición de no menos de 24 personas, por los cuales se encuentra privado de libertad actualmente el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, a quien se imputa la responsabilidad de estos hechos.