La toma ilegal fue controlada por la Policía Boliviana que usó un contingente para recuperar la institución. Foto: EFE
Este miércoles 3 de junio la Policía ejecutó un operativo de desbloqueo en la provincia de Sara tras reportarse la toma ilegal de la planta Humberto Suárez Roca (HSR). Tras esto se confirmó la aprehensión de ocho personas que fueron puestos a la orden de la Justicia.
El subcomandante de la Policía de Santa Cruz, Franklin Villazón, aseguró que los agentes recuperaron el control de la planta tras enfrentamientos con grupos que resistieron el desalojo con piedras, palos y árboles derribados sobre la carretera. Entre los detenidos figura una mujer a la que la Policía señala como presunta financiadora de las protestas.
La toma de la planta se produjo en medio de las protestas y bloqueos iniciados en mayo por organizaciones campesinas, sindicatos obreros y sectores afines al expresidente Evo Morales.
"Lo que queremos es la renuncia del presidente por la incapacidad que tiene (...) Esto es indefinido hasta que el presidente renuncie", dijo a los medios un hombre con el rostro cubierto que permanecía junto a otros manifestantes en uno de los puntos de bloqueo instalados en la vía de acceso al pozo de la YPFB.
Los bloqueos de carreteras afectan principalmente a los departamentos occidentales de La Paz y Oruro y al central Cochabamba, aunque en las últimas semanas se extendieron a otras de las nueve regiones de Bolivia, lo que ha provocado problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles.
Los conflictos han dejado hasta el momento 10 fallecidos en el contexto de los bloqueos, entre ellos seis personas que no recibieron atención médica oportuna debido a los cortes de vías.
El Gobierno intentó el 16 y el 23 de mayo habilitar "corredores humanitarios" para el traslado de alimentos e insumos, pero esos operativos, en los que participaron policías y militares, derivaron enfrentamientos y disturbios con los manifestantes.
¿Qué pasará con los detenidos? Las personas aprehendidas durante la toma del pozo de la YPFB serán puestas a disposición del Ministerio Público en las próximas horas. La Fiscalía iniciará las investigaciones correspondientes por los delitos que se configuren, como toma ilegal de instalaciones estratégicas, interrupción de servicios públicos o posibles figuras agravadas por afectar la producción de hidrocarburos.
En Bolivia, las tomas ilegales de instalaciones estatales o estratégicas como plantas de YPFB suelen investigarse bajo el Código Penal, con posibles tipificaciones de delitos para los detenidos relacionadas a sabotaje en contextos específicos, atentado contra la seguridad de servicios públicos o asociación delictuosa, dependiendo de las pruebas recolectadas testimonios, videos, actas policiales y pericias.
