La Ley de Seguridad Ciudadana aumenta las penas para los bloqueadores, lo que irrita al MAS. Antonio Peredo, diputado de ese partido, contrapone sus ideas con Jaime Paz Pereira, el proyectista de la ley. La justicia dirá la última palabra.
La aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana desató una gran polémica entre oposición y oficialismo porque incluyó la modificación de dos artículos del Código Penal que aumentan las penas para los bloqueadores.
El 213 establece que "el que impida, perturbe o ponga en peligro la seguridad o regularidad de los medios de transporte público será sancionado con dos a ocho años de reclusión". Antes decía de uno a cuatro años. El que atente contra los servicios, según el artículo 214, tendrá una pena de tres a ocho años. Antes era de dos a seis años.
Jaime Paz Pereira (MIR), presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, es el proyectista de la ley, aunque aclara que fue la Comisión de Constitución, al mando de Hugo San Martín, la que propuso el endurecimiento de penas, no obstante él también votó para su aprobación.
El MAS demandó la ley ante del Tribunal Constitucional por considerarla inconstitucional. En esta ocasión, el jefe de bancada de ese partido en Diputados, Antonio Peredo, debate con Jaime Paz Pereira sobre el contenido de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Paz defiende el derecho al libre tránsito y Peredo saca cara por el derecho a la protesta. Aún no hay fórmulas para compatibilizar ambos principios.
La Razón (LR): ¿Es bueno o es malo endurecer las penas para los bloqueadores?
Jaime Paz Pereira (JPP): El tema del Código Penal es una de las partes de un proyecto mucho más amplio y positivo que creemos va a generar el primer paso para la política de Estado sobre seguridad ciudadana. El proyecto va más allá de dos artículos —213 y 214— que es el que ha generado el gran debate. El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana es la mamá que ha parido tres wawas: La modificación de las medidas cautelares (en contra de los reincidentes), el alumbrado público y el tema del Código Penal. Aquí hay un aspecto que tiene que ser muy bien esclarecido: El proyecto de ley que es tratado en la Comisión de Gobierno y que es presentado por mi persona es la creación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y las modificaciones a las medidas cautelares. Se aprueba en grande así, Antonio Peredo es testigo, pero cuando se entra en el detalle es una contribución de la Comisión de Constitución de decir, si estamos hablando de medidas cautelares, por qué no entramos al Código Penal para agravar determinadas penas. Fue el pleno el que decidió que el Código Penal fuera aprobado de esta manera. Quería dejar aclarado esto para que no se tipifique a una Ley de Seguridad Ciudadana como una ley antibloqueo, porque esos dos artículos no deberían tener por qué ensuciar todo un proyecto, un sistema, una ley.
LR: ¿Usted está de acuerdo con esos dos artículos?
JPP: Estoy de acuerdo con el debate y con que el plenario haya decidido por mayoría. Pero también estoy de acuerdo con que haya una impugnación ante la Corte Suprema (Tribunal Constitucional) con un recurso de inconstitucionalidad. Si es que decide que esos dos artículos se tienen que ir al agua, que se vayan al agua.
Antonio Peredo (AP): Si una camisa se mancha no necesita estar completamente manchada, basta una mancha para que esta camisa no pueda usarse adecuadamente. Pero el tema no es sólo esos dos artículos. Mi percepción del tema es la
siguiente: Pienso que el Sistema de Seguridad está planteando la forma en que ven los delitos los sectores acomodados. En los antecedentes se habla de la participación social, pero en la ley no se dice nada. Porque no puedes decir que es participación el hecho de incorporar amorfamente a algunos representantes de la sociedad civil en algunos organismos burocráticos. Reforzar la Policía es aumentar los índices de delincuencia del país, así de simple es el asunto. Hay que reformar a la Policía y no hay absolutamente nada en esta ley. Para la gente, entregar a un delincuente a la Policía no es una garantía.
JPP: Ahí quiero discrepar. Quiero decirle a Antonio que lo que ha querido hacer este sistema es rescatar la participación ciudadana, pero el mismo Antonio sabe que hubo un gran debate de cómo participa la sociedad.
AP: No es cierto, el debate fue quiénes van a entrar a los comités.
JPP: Por eso. Para la participación, la ley establece consejos departamentales y consejos provinciales. Esta ley lo que trata es no policializar el tema de la seguridad ciudadana. Lo que dice don Antonio es el diagnóstico, ese diagnóstico que él menciona ya está hecho acá. Una de las atribuciones del consejo de seguridad ciudadana es modernizar a la Policía. Si dices reestructurar, reformar, no les gusta. Modernizar es hacer que una estructura se adapte a la realidad social económica y política del país.
LR: ¿Cuál es su definición de modernización de la Policía?
AP: Modernización supone que el problema fundamental de una institución está anticuado y es demasiado bondadoso decir que el problema fundamental de la Policía es su antigüedad. La Policía está corrompida y para encararlo no se trata de modernizar. Pero, hasta aquí hemos tocado la parte blanca de la camisa.
LR: Vamos a la mancha entonces. ¿Por qué se opone el MAS al endurecimiento de penas contra los bloqueadores?
AP: Ustedes (los oficialistas) están viendo la seguridad ciudadana desde el punto de vista de la gente que tiene temor de que el delincuente menor robe lo que guardan y, desde ese punto de vista, el bloqueo también perjudica a esa gente. Mañana también el dueño de una fábrica va a decir que una huelga le perjudica y que ya no se puede hacer una huelga. En este país, los bloqueos fueron parte de los instrumentos que se usaron para recuperar la democracia y ahora se los condena, se los convierte en delito. Eso está en contradicción de lo que es seguridad para una gran parte de la población, porque para esos sectores la seguridad de ellos está en el hecho de que pueden enfrentar la represión con sus propias medidas de presión. Esto es convertir en un delito un instrumento de lucha popular. Yo no sé realmente Jaime, cómo lo has aceptado tú.
JPP: El Código Penal data del 73, no se ha movido absolutamente una palabra en el Código, simplemente...
AP: El Código Penal del 73 establece la pena de muerte también.
JPP: Claro. El Código Penal necesita una gran reforma. Lo que se ha propuesto acá, reitero con la contribución de la Comisión de Constitución, es agravar penas, no se les ha cambiado una coma ni una palabra. Este es un tema de derechos humanos, porque aquí estamos hablando de ciudadanos, aquí no estamos hablando de bloqueados y de bloqueadores, Antonio. Estamos hablando de dos derechos fundamentales en cualquier país del mundo al libre tránsito y el derecho a los servicios públicos. Esto va más allá, en mi entender, de la política. Tú puedes tener el reclamo legítimo
que tú quieras, pero tampoco podemos violar un principio fundamental de ciudadanos. Porque si rompemos esa visión que está antes de la política, Antonio, llegamos a un plano en donde el país se va al abismo porque no se respeta absolutamente nada. Así se hacía en las dictaduras, porque no habían votos, sino botas. Y con botas no le quedaba nada más a la izquierda que salir a la calle, pero insistir en esas prácticas en la democracia de hoy. Para mí es la izquierda de los viejos guiones, que sigue utilizando instrumentos que ya son obsoletos y que no nos hacen viables frente a la globalización porque la globalización destruye un país dividido y acepta un país que esté unido. Antonio, date cuenta, lo que ha sucedido últimamente con Felipe Quispe, son las mujeres y los hombres del lago Titicaca que quieren sacar sus productos por los caminos (fracasó el bloqueo). Yo no es que esté contra el bloqueo o el derecho al reclamo, para eso está la huelga.
AP: Pero un campesino cómo hace huelga.
JPP: También tienes razón, no te lo voy a negar, pero tampoco podemos llegar al extremo de que porque cualquiera tenga un derecho legítimo se estropean tres o cuatro días para el país. Cae nuestra producción, cae nuestro turismo, cae nuestro comercio y nos fregamos todos, creo que ahí está el límite de este problema. Creo que son dos derechos fundamentales, a transitar libremente por nuestras calles y el derecho a recibir agua, energía eléctrica.
LR: ¿Es posible compatibilizar el derecho al libre tránsito y el derecho a la protesta?
AP: Caricaturizando, podríamos decir por qué no hacemos un bloqueódromo (risas). El problema son las injusticias que se han producido durante la aplicación del modelo neoliberal, que no me vengan a decir que eso viene de las dictaduras, el modelo neoliberal ha aplicado tales injusticias que no ha habido alternativa. Sin embargo, la base era un nivel de vida soportable, el nivel de vida de hoy en día es insoportable. El sistema, los partidos gobernantes —MNR, NFR, MIR, UCS— dicen 'tenemos que seguir profundizando esto porque el FMI dice que hay que seguir profundizando con medidas económicas, medidas políticas'. Qué es esto Jaime. ¿En democracia no puede ser así? Qué pasó el 12 y 13 de febrero, qué hicieron los militares y qué ha hecho la justicia. Nada. Estamos hablando de que en esta democracia siguen los métodos dictatoriales frente a los cuales tiene que haber una reacción, cómo podemos hablar de democracia cuando un año ha sido suficiente para matar 60 personas y no hay hasta ahora un solo culpable de esas 60 muertes, de qué democracia estamos hablando. Cómo puede reaccionar el pueblo frente a eso. Don Hugo San Martín, recordemos, fue viceministro de Gobierno, su tendencia está en esos artículos.
LR. ¿Nadie más que don Hugo San Martín tiene que ver en el asunto?
AP: No, no. Esto para mí es una concepción del modelo. Ha dicho Jaime que él está de acuerdo con esas cosas, es la visión que tiene el modelo sobre el tipo de sociedad.
JPP: Aquí no se trata de culpar y decir éste fue y éste no fue. Aquí hubo un acto democrático. No puedes buscar culpables en un sistema. No estoy de acuerdo con la visión que tiene don Antonio. Creo que no hay que mezclar los temas, aquí hay un problema con la justicia. Tampoco se trata de echarle a esta ley lo que tampoco le corresponde. Evidentemente, aquí ha habido un tema que ha politizado la ley. La han llamado la ley antibloqueos.
LR: ¿Se tomó en cuenta la connotación política
de la ley?
Es probable que la oposición y el oficialismo se distancien.
AP: Hay un factor que no estamos analizando, el factor externo. Se trata de que el modelo que siempre ha beneficiado al exterior. Las transnacionales, los organismos internacionales, el Gobierno de EEUU, eso le ha obligado a enfrentarse con el pueblo. El tema del bloqueo es un tema que le preocupa más a Washington que al Gobierno. Washington dice que hay que penalizar más, vamos a penalizar más.
JPP: Aquí tenemos que hablar de derechos ciudadanos. A mí no me parece mezclar teorías y concepciones legítimas, no estoy desmereciendo lo que Antonio cree, pero creo que no se puede mezclar cuando estamos hablando del ciudadano, el ciudadano está ajeno a eso, el ciudadano está ajeno a políticas, pero está a lado de sus derechos. Me da la impresión que el ciudadano está esperando señales claras del Estado para catalogar más claramente estos delitos, para sancionarlos de manera más efectiva. Está esperando que esos actos de violencia excesiva que rompen la convivencia de los ciudadanos tengan algún tipo de acción del Estado. No sólo el Estado, sino el sistema democrático y la sociedad civil están en desacuerdo con actos de excesiva violencia que lo único que hacen es destrozar nuestra convivencia, esto afecta a nuestra economía. Otra cosa en la que voy a discrepar completamente con Antonio, es que no creo que el más interesado sea Washington. Creo que los ciudadanos también están de acuerdo que los sectores deprimidos puedan protestar, pero a la vez es el chofer, el comerciante, el productor el que también está cansado del bloqueo Antonio, no sólo Washington. Esto entorpece nuestra capacidad productiva. El ejemplo es el Mallku, podrás decir que políticamente no estaba bien hecho, pero por qué el ciudadano optó por no bloquear. No hay que extrapolarse tanto al modelo, sino al ciudadano que está caminando a tu lado.
AP: Ciudadano, creo que el tema es importante. No coincido que el ser humano no es político. Afecta a la economía, cuál economía, la de nuestro país o la de otros países o la de las empresas. Los que estaban abajo en 1985 ahora están más abajo aún y los que estaban arriba ahora están más arriba. El otro sector, que está al medio, puede molestarse porque el bloqueo va a provocar que el tomate cueste más. Yo estoy en contra del bloqueo, de la huelga, pero si no hay otra alternativa, qué hace la gente. No le queda más alternativa.
JPP: No sé si hemos venido aquí a hablar de seguridad ciudadana o del modelo. Nosotros estamos obligados como parlamentarios a atajar tanto la violencia ciudadana como la violencia del Estado. Uno de los principios que va a regir es la Policía, aquí no entra Defensa o el Ejército, ese es otro gran debate. Yo discrepo en varias cosas. Primero, el que tiene plata no necesita esta ley. Esto está hecho para gente de la calle, que no tiene plata para pagarse ni una linterna en la noche. ¿Alternativas? Bajo esa línea, como no hay alternativas, que siga la justicia por mano propia. Eso tampoco es correcto, si no hay alternativa, esto se vuelve la selva. En algo coincido contigo Antonio, hay que atajar por ambos lados, el bienestar social y la represión estatal, este proyecto de ley quiere entrar a la Policía.
AP: (Ironiza) La mayor parte de la gente hace bloqueos de buena fe, pero hay cuatro tipos o cinco tipos que lo hacen de mala fe y están vinculados a Evo Morales y Evo Morales es el jefe del MAS y entonces hay que tirar al MAS.
