Los líderes del altiplano luchan por lograr hegemonía
Actualidad - Lunes, 28 / Jun / 2004
(La Paz - La Razón)
seis meses de las elecciones municipales, movimientos campesinos y originarios se disputan el control. Los indígenas buscan la reconstitución de sus estructuras. El Estado perdió credibilidad ante los pueblos.
Los hechos descubiertos la mañana del 15 de junio en Ayo Ayo arremetieron contra la agenda pública que intentaba salir, a duras penas, del conflicto social. Tras el caso del asesinato de Benjamín Altamirano, aparecen movimientos campesinos, sindicales y originarios —también liderazgos enfrentados— que se proponen cambiar el esquema de la representación de la sociedad rural ante el Estado.
Sin gobierno municipal ni policías o autoridades del Ejecutivo y la justicia, el pueblo de la provincia Camacho (La Paz) está bajo el control del Movimiento Sin Tierra y de los sindicatos agrarios; sin embargo, en los alrededores aparecieron las autoridades originarias, mallkus y mama t'allas, también con las ganas de ser los interlocutores.
Esta situación no es reciente. A partir de los alzamientos campesinos de 2000, el Gobierno enfrenta una crisis de autoridad en las áreas rurales.
El director de Régimen Interior y Prevención de Conflictos, Gregorio Lanza, identifica que en los últimos 10 años no se logró impulsar el desarrollo del agro, especialmente en el altiplano, por falta de estrategias y políticas que así lo permitan.
Rufo Calle, dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, indica que si el Gobierno atendiera oportunamente las demandas del sector, no habría movimientos sociales. "Cuando ellos (el Ejecutivo) no atienden tenemos que decir las verdades. Eso no le gusta al Gobierno".
Lanza va más allá. Si bien la Participación Popular fue importante, no pudo integrar de forma transparente estos sectores al sistema de gobierno. "El hecho de sentirse excluidos y no tener participación plena agudiza la situación y crea un escenario propicio para los conflictos".
A este contexto, se añaden dos elementos. Por un lado, los intereses de las diferentes facciones sindicales y, por otro, la cercanía de las elecciones municipales. "Todo esto motiva a que busquen legitimarse como líderes", precisa Gregorio Lanza.
En esta crisis de autoridad que atraviesa el Gobierno, la pugna entre dirigentes por representar a a los ciudadanos del campo se agudiza y fractura aún más las organizaciones.
Román Loayza es líder de una de las CSUTCB, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Él, senador suplente del MAS, dice que la gestión de Felipe Quispe, el secretario Ejecutivo de la otra CSUTCB, ha concluido.
"En abril de 2004 tenía que irse y como no lo hizo, la CSUTCB está sólida a la cabeza de mi persona, él con su propio peso se está enterrando por esta alargación de su gestión".
Y sin olvidar su disputa con Quispe, Loayza sentencia que los trabajadores del agro no se sienten representados por el Estado. "El Gobierno se ha ido detrás del modelo económico neoliberal, es la misma chola con otra pollera, con todos dialoga y a ningún sector responde".
Por eso, "estamos convencidos de que hay que utilizar los recursos que ellos mismos nos están dando, como la Ley de Partidos, la Ley Electoral, la propia Constitución Política del Estado para llegar al poder mediante las elecciones".
Para Ángel Durán, líder de uno de los Movimientos Sin Tierra (MST) existentes, no sólo las autoridades nacionales perdieron su credibilidad, sino también en "varias organizaciones y viejos dirigentes". "Inclusive hay algunos mallkus que han perdido crédito ante sus comunidades, como en el caso de la provincia Aroma en La Paz, donde los hijos de los mallkus se revelaron contra sus padres porque nunca les dieron alternativas".
El arquiri apu mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qollasuyo (Conamaq), Antonio Machaca, explica que la influencia del Gobierno central o de las autoridades originarias en la toma de decisiones depende de la región. "En algunos lugares el jilakata o el cacique llegan a ser autoridades máximas, pero en aquellos donde hay fuerza política, todavía pesa más la presencia del corregidor, del alcalde".
Añade que las autoridades originarias son incluyentes. "Bajo esa premisa hablamos con las autoridades políticas porque ellos también son hijos del ayllu y tiene que haber consenso".
Mientras, en la Federación de Campesinos de La Paz, Rufo Calle y René Ramos disputan el liderazgo. Calle dice que Ramos no tiene representatividad. "Él dice que es de la provincia Pacajes y allí no lo conocen. Había sido vecino de la meseta de Achumani".
Incluso en el MST existen dos cabezas, que son Ángel Durán y Moisés Tórrez.
Las acusaciones van y vienen de un lado y otro. Tórrez afirma que fue elegido como dirigente en un congreso que se realizó en agosto de 2002 y que Durán pertenece al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
Durán, por su parte, acusa a Tórrez de tener cuentas pendientes con el municipio de Independencia de la provincia de Ayopaya en Cochabamba y lamenta que el Movimiento Al Socialismo (MAS) "tenga en su seno a gente corrupta".
Lejos de las disputas entre dirigentes campesinos, el Conamaq va en pos de "reconstituir a las autoridades, la tierra y el territorio originarios". Al mismo tiempo, Antonio Machaca señala la disponibilidad de los originarios de "aportar para que el país no se vaya al abismo".
"En vez de ser obstáculo, queremos ser aporte". Machaca añade que si los originarios participan en los bloqueos de caminos, sólo se perjudicarían a sí mismos. "Pero tampoco estamos en una afrenta a las decisiones de Felipe Quispe", dijo.
Las pugnas
CSUTCB • Felipe Quispe y Román Loayza disputan la dirigencia del campesinado. Loayza indica que la gestión de Quispe debió concluir hace mucho. Paralelamente, Rufo Calle y René Ramos, pelean por el control de la Federación de La Paz. Calle acusa a Ramos de no ser campesino.
MST • Ángel Durán y Moisés Tórrez se enfrentan por la dirección nacional de los Sin Tierra. Ninguno de ellos repara en lanzar acusaciones contra el otro. Tórrez asegura que Durán pertenece al MNR y éste indica que el primero tiene cuentas pendientes con la ley y es un corrupto.
Conamaq • Una de las principales tareas de las autoridades originarias de las naciones aymaras y quechuas es conseguir la reivindicación para las comunidades indígenas y reconstituir a las autoridades, la tierra y el territorio como eran originariamente.
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Los hechos descubiertos la mañana del 15 de junio en Ayo Ayo arremetieron contra la agenda pública que intentaba salir, a duras penas, del conflicto social. Tras el caso del asesinato de Benjamín Altamirano, aparecen movimientos campesinos, sindicales y originarios —también liderazgos enfrentados— que se proponen cambiar el esquema de la representación de la sociedad rural ante el Estado.
Sin gobierno municipal ni policías o autoridades del Ejecutivo y la justicia, el pueblo de la provincia Camacho (La Paz) está bajo el control del Movimiento Sin Tierra y de los sindicatos agrarios; sin embargo, en los alrededores aparecieron las autoridades originarias, mallkus y mama t'allas, también con las ganas de ser los interlocutores.
Esta situación no es reciente. A partir de los alzamientos campesinos de 2000, el Gobierno enfrenta una crisis de autoridad en las áreas rurales.
El director de Régimen Interior y Prevención de Conflictos, Gregorio Lanza, identifica que en los últimos 10 años no se logró impulsar el desarrollo del agro, especialmente en el altiplano, por falta de estrategias y políticas que así lo permitan.
Rufo Calle, dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, indica que si el Gobierno atendiera oportunamente las demandas del sector, no habría movimientos sociales. "Cuando ellos (el Ejecutivo) no atienden tenemos que decir las verdades. Eso no le gusta al Gobierno".
Lanza va más allá. Si bien la Participación Popular fue importante, no pudo integrar de forma transparente estos sectores al sistema de gobierno. "El hecho de sentirse excluidos y no tener participación plena agudiza la situación y crea un escenario propicio para los conflictos".
A este contexto, se añaden dos elementos. Por un lado, los intereses de las diferentes facciones sindicales y, por otro, la cercanía de las elecciones municipales. "Todo esto motiva a que busquen legitimarse como líderes", precisa Gregorio Lanza.
En esta crisis de autoridad que atraviesa el Gobierno, la pugna entre dirigentes por representar a a los ciudadanos del campo se agudiza y fractura aún más las organizaciones.
Román Loayza es líder de una de las CSUTCB, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Él, senador suplente del MAS, dice que la gestión de Felipe Quispe, el secretario Ejecutivo de la otra CSUTCB, ha concluido.
"En abril de 2004 tenía que irse y como no lo hizo, la CSUTCB está sólida a la cabeza de mi persona, él con su propio peso se está enterrando por esta alargación de su gestión".
Y sin olvidar su disputa con Quispe, Loayza sentencia que los trabajadores del agro no se sienten representados por el Estado. "El Gobierno se ha ido detrás del modelo económico neoliberal, es la misma chola con otra pollera, con todos dialoga y a ningún sector responde".
Por eso, "estamos convencidos de que hay que utilizar los recursos que ellos mismos nos están dando, como la Ley de Partidos, la Ley Electoral, la propia Constitución Política del Estado para llegar al poder mediante las elecciones".
Para Ángel Durán, líder de uno de los Movimientos Sin Tierra (MST) existentes, no sólo las autoridades nacionales perdieron su credibilidad, sino también en "varias organizaciones y viejos dirigentes". "Inclusive hay algunos mallkus que han perdido crédito ante sus comunidades, como en el caso de la provincia Aroma en La Paz, donde los hijos de los mallkus se revelaron contra sus padres porque nunca les dieron alternativas".
El arquiri apu mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qollasuyo (Conamaq), Antonio Machaca, explica que la influencia del Gobierno central o de las autoridades originarias en la toma de decisiones depende de la región. "En algunos lugares el jilakata o el cacique llegan a ser autoridades máximas, pero en aquellos donde hay fuerza política, todavía pesa más la presencia del corregidor, del alcalde".
Añade que las autoridades originarias son incluyentes. "Bajo esa premisa hablamos con las autoridades políticas porque ellos también son hijos del ayllu y tiene que haber consenso".
Mientras, en la Federación de Campesinos de La Paz, Rufo Calle y René Ramos disputan el liderazgo. Calle dice que Ramos no tiene representatividad. "Él dice que es de la provincia Pacajes y allí no lo conocen. Había sido vecino de la meseta de Achumani".
Incluso en el MST existen dos cabezas, que son Ángel Durán y Moisés Tórrez.
Las acusaciones van y vienen de un lado y otro. Tórrez afirma que fue elegido como dirigente en un congreso que se realizó en agosto de 2002 y que Durán pertenece al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
Durán, por su parte, acusa a Tórrez de tener cuentas pendientes con el municipio de Independencia de la provincia de Ayopaya en Cochabamba y lamenta que el Movimiento Al Socialismo (MAS) "tenga en su seno a gente corrupta".
Lejos de las disputas entre dirigentes campesinos, el Conamaq va en pos de "reconstituir a las autoridades, la tierra y el territorio originarios". Al mismo tiempo, Antonio Machaca señala la disponibilidad de los originarios de "aportar para que el país no se vaya al abismo".
"En vez de ser obstáculo, queremos ser aporte". Machaca añade que si los originarios participan en los bloqueos de caminos, sólo se perjudicarían a sí mismos. "Pero tampoco estamos en una afrenta a las decisiones de Felipe Quispe", dijo.
Las pugnas
CSUTCB • Felipe Quispe y Román Loayza disputan la dirigencia del campesinado. Loayza indica que la gestión de Quispe debió concluir hace mucho. Paralelamente, Rufo Calle y René Ramos, pelean por el control de la Federación de La Paz. Calle acusa a Ramos de no ser campesino.
MST • Ángel Durán y Moisés Tórrez se enfrentan por la dirección nacional de los Sin Tierra. Ninguno de ellos repara en lanzar acusaciones contra el otro. Tórrez asegura que Durán pertenece al MNR y éste indica que el primero tiene cuentas pendientes con la ley y es un corrupto.
Conamaq • Una de las principales tareas de las autoridades originarias de las naciones aymaras y quechuas es conseguir la reivindicación para las comunidades indígenas y reconstituir a las autoridades, la tierra y el territorio como eran originariamente.
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