Contratos pedidos por cooperativistas abren la puerta a explotación sin control de transnacionales

En una entrevista con el 'Pueblo es Noticia', que se difunde por los medios estatales, Virreira alertó sobre ese peligro y recordó que la Constitución Política del Estado establece que sólo el Estado puede firmar contratos de asociación con las empresas extranjeras y aseguró que los cooperativistas pueden utilizar otras formas para asociarse con empresas extranjeras, como contratar sus servicios o formar empresas mixtas.

'Los contratos de asociación como establece la CPE, es un tipo de contrato que está reservado para el estado', afirmó y pidió a los cooperativistas, que amenazaron con medidas de presión para que no se modifique el proyecto de Ley, que entiendan el alcance de lo que significa un contrato de asociación y el rol del Estado.

El Ministro de Minería recordó que antes de  la nueva Constitución, que prohíbe la enajenación de los recursos naturales, Bolivia sufrió 'experiencias muy dolorosas', que empobrecieron al país, como la entrega del gas natural a las transnacionales que eran propietarias de esa riqueza nacional.

Explicó que en la actualidad existe un contrato de riesgo compartido que firmaron las cooperativas que tienen arrendamientos para explotar el Cerro Rico de Potosí, del cual el Estado no tiene ningún control.

'Eso es lo que no se quiere que vuelva a suceder, esa empresa tiene que hacer el contrato con el Estado y no con la cooperativa', respaldó y dijo que no es posible que las empresas transnacionales ingresen nuevamente al país bajo el paraguas de las cooperativas, gozando de los beneficios que la Carta Magna establece para los cooperativas, como la exención de impuestos y otros aspectos.

'Cuando vengan empresas privadas y extranjeras tienen que hacerlo con el Estado, no estamos afectando a las cooperativas', remarcó al reconocer que inicialmente, en la elaboración del proyecto de Ley y las reuniones con los cooperativistas no se puntualizó ese aspecto.

Pero dijo que revisando posteriormente se estableció que no se puede vulnerar la Constitución Política del Estado, como lo entendió también la Cámara de Diputados que aprobó el proyecto con esa modificación central, que aseguró afecta a un porcentaje mínimo de las más de 1.600 cooperativas. 'Sólo afecta a un poco más de 20 cooperativas', matizó.ABI