Bolivia admite una "cuenta pendiente" por casos de violencia contra mujeres

El Gobierno boliviano admite que existe una "cuenta pendiente" en la lucha contra la violencia machista en distintos niveles cuando este jueves se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer entre registros de casi un centenar de feminicidios este año en el país.

"Tenemos una enorme cuenta pendiente, todavía no hemos dado como Estado con la respuesta contundente para esto", aseguró en una entrevista con Efe el portavoz de la Presidencia, Jorge Richter.

A juicio del portavoz del presidente boliviano, Luis Arce, una "respuesta contundente" a ese flagelo que aqueja a la sociedad en Bolivia y que coloca al país como uno de los más violentos para las mujeres, es una "reducción drástica" de los casos de feminicidios o que estén relacionados con la violencia.

"Los números nos señalan que el trabajo está por hacer, los datos nos están señalando que no estamos yendo rápido, ahí hay una tarea por hacer", aseveró.

Los datos de la Fiscalía de enero a noviembre de este año muestran que la tendencia de crímenes por causa de la violencia machista como el feminicidio han mantenido la tendencia de años anteriores con registros de alrededor de un centenar de casos.

Hasta principios de noviembre se habían producido 97 feminicidios, la mayoría en los principales departamentos del país como La Paz (36), Santa Cruz (16) y Cochabamba (15), mientras que con una menor incidencia en Potosí (10), Oruro (8), Chuquisaca (5), Beni y Tarija (3) y Pando (1).

Por otro lado, los procesos judiciales que la Fiscalía ha registrado entre enero y los primeros días de noviembre son 39.554 y tienen que ver con todos los tipos penales señalados en la ley 348 de 2013 que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia.

No obstante, a pesar del rigor normativo y el castigo de 30 años de prisión para los feminicidas, se tropieza con la eficacia de la aplicación legal, con pocos casos que llegan a una sentencia o la libertad que logran los agresores tras pasar algún tiempo en la cárcel y ganar apelaciones posteriores.

Esto ha generado que desde el Ejecutivo nacional se planteen algunas iniciativas como el proceso de consulta que encabezó el Ministerio de Justicia hace casi un año para recoger propuestas de modificación a la ley 348 que debían hacerse en el Parlamento y que hasta ahora no se ha dado.

A principios de septiembre, esa misma cartera de Estado impulsó una segunda propuesta de reforma judicial, tras un primer intento inconcluso a principios de año, que después de tres meses debía presentar una serie de recomendaciones para elaborar leyes y encarar una reforma judicial sin necesidad de reformas a la Constitución.

Aunque ese intento no estaba orientado estrictamente a la violencia contra la mujer, sí planteaba algunos aspectos que intervienen en ese tipo de casos como la "evaluación de jueces", implementación de tecnología o "independencia" o "transparencia" de la justicia.  

En años anteriores hubo propuestas desde el Parlamento como la castración química para violadores, impulsada por oficialistas y opositores en distintos momentos, hasta una ley para crear un registro público en casos de violencia hacia mujeres y niños que tampoco prosperaron.

La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos y el derecho de las mujeres a vivir sin violencia está recogido en acuerdos internacionales. 

En el ámbito mundial, solo el 40 por ciento de las mujeres busca ayuda tras sufrir violencia, lo que obliga a las instituciones a promover políticas de prevención y ayuda.