Crisis constitucional en Bolivia: El futuro de cuatro leyes en manos de Arce

La aprobación de leyes cruciales en una sesión polémica plantea una serie de interrogantes legales y políticas. Con un plazo de 10 días para la promulgación, la nación espera ansiosa la decisión del presidente Luis Arce.

El 6 de junio, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia, dirigida por el senador Andrónico Rodríguez del Movimiento Al Socialismo (MAS) afín a Evo Morales, aprobó cuatro leyes a pesar de una medida cautelar para frenar la sesión.

Estas leyes son consideradas legales por los expertos constitucionalistas, quienes afirman que el proceso cumplió con todos los requisitos legales y constitucionales. Sin embargo, para que estas leyes entren en vigor, aún deben ser promulgadas por el presidente Luis Arce Catacora y publicadas en la Gaceta Oficial del Estado.

El constitucionalista Marco Antonio Valdivieso explicó que si Arce no promulga las leyes en un plazo de 10 días, el vicepresidente David Choquehuanca debe hacerlo, conforme al artículo 163 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Entre las leyes aprobadas se encuentran el cese de las autoridades judiciales prorrogadas, la continuidad del proceso de preselección de candidatos judiciales, la aprobación de un crédito de 176 millones de dólares para obras viales, y un decreto de amnistía e indulto en las cárceles.

Valdivieso y otros juristas, como Kathya Saucedo, destacaron la legalidad de la sesión del 6 de junio y la competencia constitucional de Rodríguez para convocar a la ALP en ausencia de Choquehuanca. Según la CPE, si el presidente Arce no promulga las leyes o las observa, la Asamblea puede rechazar las observaciones por mayoría absoluta, obligando a Choquehuanca a promulgar las leyes.

Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana (CC) y abogado constitucionalista, subrayó que la sesión fue una "victoria" para la institucionalidad de la ALP, permitiendo avanzar en una agenda legislativa pendiente. 

En cuanto a la legalidad de la sesión, Valdivieso argumentó que la función principal de la Asamblea es legislar, por lo que el recurso de nulidad presentado para frenar la sesión no procede. La notificación para detener la sesión fue devuelta por errores formales, ya que se dirigió incorrectamente a Rodríguez como presidente del Senado, cuando en realidad es presidente en ejercicio de la Asamblea.

Rodríguez ya ha enviado las leyes aprobadas al Ejecutivo para su promulgación, aunque la presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Verónica Challco, del bloque arcista, calificó estas leyes como ilegales e inconstitucionales.