El vicepresidente, Edman Lara, metió un recurso para anular el decreto 5552. Foto: TikTok Capturas videos.
En silencio y acompañado de su esposa, el vicepresidente, Edmand Lara, ejecutó un recurso de inconstitucionalidad tras la aplicación del decreto 5552 y la reestructuración de la vicepresidencia de Bolivia tras la determinación del Ejecutivo y Legislativo.
“Es un decreto completamente inconstitucional (...). Yo no puedo contratar a nadie, no puedo firmar ningún memorándum, no puedo disponer de nada. Prácticamente soy un empleado de José Luis Lupo (ministro de la Presidencia)”, se quejó Lara tras la polémica reestructuración de dependencias y funciones.
Según la normativa, solo le quedaron dos unidades de injerencia que están dedicadas al apoyo legislativo y al asesoramiento jurídico, mientras que el resto de las funciones fueron "traspasadas" a otras carteras ministeriales y al Legislativo.
El vicepresidente Edmand Lara, quien se encontraba en una cumbre internacional sobre inteligencia artificial en la India cuando se emitió el decreto, regresó al país y expresó su profundo rechazo, calificándolo como un duro golpe a la democracia que debilita el equilibrio en el Poder Ejecutivo.
Lara afirmó que la medida lo deja sin capacidad para contratar personal, firmar acuerdos o manejar recursos, convirtiéndolo prácticamente en un empleado del ministro de Presidencia, José Luis Lupo, quien no fue elegido por voto popular a diferencia de él mismo.
Cambios y reestructuración en gaceta oficial
El presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó el Decreto Supremo 5550 el 20 de febrero de 2026, una norma que reorganiza el sistema de comunicación del gobierno boliviano con el objetivo declarado de fortalecer la comunicación estratégica del Órgano Ejecutivo y reducir duplicidades administrativas.
Esta medida fusiona la ex Dirección General de Comunicación y Vocería en una nueva entidad denominada Unidad de Comunicación Estratégica del Estado Plurinacional, que deja de depender del Ministerio de la Presidencia para pasar directamente a la coordinación de la Jefatura de Gabinete del presidente.
Ahora, con el DS 5550, la unidad queda adscrita a la Jefatura de Gabinete presidencial, mientras que la Unidad de Medios Estatales continúa bajo el Ministerio de la Presidencia para manejar aspectos técnico-operativos de empresas e instituciones públicas, así como el relacionamiento con medios privados. Una resolución ministerial del Ministerio de la Presidencia definirá en detalle su organización y funciones.
Este decreto forma parte de un paquete de normas emitidas en la misma fecha que incluyen ajustes en otras áreas del Ejecutivo, como la reestructuración de la Vicepresidencia mediante el DS 5552 y la creación de un despacho de gestión social. El gobierno argumenta que estos cambios permiten una mejor coordinación interinstitucional y un uso más racional de los recursos públicos.
El diputado Alejandro Medinaceli aclaró que no afecta las funciones constitucionales del vicepresidente, como su rol en la Asamblea Legislativa, sino que solo ajusta aspectos operativos, transfiriendo direcciones específicas como la de Planificación al Ministerio correspondiente y cerrando otras como la de Vivir Bien y Política Exterior, cuya documentación va a Cancillería.
Esta fractura en el Ejecutivo ha avivado debates sobre el equilibrio de poderes en Bolivia, con algunos legisladores calificándola de golpe institucional y otros como una acción necesaria ante supuestas ineficiencias, decisiones equivocadas y gasto público innecesario.
