Por: Con información de EFE • Bolivia.com

Bolivia plantea una alerta nacional con un plan de acción ante feminicidios

Se propone un plan de acción para prevenir más feminicidios. Bolivia seria declarada en alerta nacional.

Alerta en Bolivia por feminicidios. Foto: Shutterstock
Alerta en Bolivia por feminicidios. Foto: Shutterstock

Se propone un plan de acción para prevenir más feminicidios. Bolivia seria declarada en alerta nacional.

Ante las alarmantes cifras de muertes de mujeres por violencia machista en Bolivia, la institución del Gobierno en apoyo a la mujer propone declarar alerta nacional e implementar un plan de acción para prevenir más feminicidios.

La directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización "Ana María Romero", Tania Sánchez, en una entrevista con Efe, explicó que esta semana esa instancia presentará al gabinete ministerial una propuesta del plan que contempla la declaratoria de alerta nacional por la muertes violentas de mujeres.

"En el marco de la reunión del gabinete se decidirá cuál es la mejor forma para acelerar las medidas inmediatas para incidir en la disminución en los casos de violencia", manifestó Sánchez.

Desde enero hasta junio de 2019 se registraron al menos 60 feminicidios en el país, un dato similar al año pasado en el mismo periodo, cuando hubo 61 muertes violentas de mujeres.

Sin embargo, "los últimos feminicidios nos alarman muchísimo, la violencia ejercida con saña y por quiénes han sido perpetrados", enfatizó la directora.

Los casos más recientes fueron muertes por puñaladas, asfixia o golpes, perpetrados mayormente por cónyuges o exparejas de las asesinadas, incluidos dos policías.

Sánchez adelantó que el plan de acción que propone está enfocado en la prevención de la violencia hacia las mujeres y también tiene otro componente para "acelerar la respuesta efectiva de las distintas instancias" que atienden estos casos.

"Planteamos una propuesta conjunta más allá de declararse una alerta o no, que efectivamente haya un plan de acción que contribuya a mejorar la respuesta por un lado del Gobierno, pero también convocar una alianza con distintas organizaciones", precisó.

De los casos constatados hasta junio por la Fiscalía, solo 14 fueron cerrados, con sentencia o por extinción del proceso.

A juicio de la directora, Bolivia tiene un "paquete de medidas legislativas y normativas" referentes que protegen a la mujer, pero que aún no se implementan correctamente.

"El avance legislativo no ha ido a la par del avance de nuestra sociedad", sostuvo.

Desde 2013 Bolivia cuenta con una norma que protege a las mujeres de todo tipo de violencia y que castiga el feminicidio con treinta años de prisión, la pena máxima en el país.

A seis años de la vigencia de esa normativa, Sánchez destacó que cada vez las mujeres denuncian más, pero aceptó que aún hay factores que mejorar para su efectividad.

"Se ha evaluado y sí, hay que mejorar, y hay que exigir a los funcionarios del Ministerio Público a que hagan su trabajo", subrayó.

Además señaló que la prevención es un aspecto que "se ha desarrollado en menor medida", pero que es importante impulsar acciones entre todos los actores de la sociedad para que se frene la violencia machista.

"Desde el Gobierno se está intentando desarrollar los mayores esfuerzos. Estamos articulando los esfuerzos y esperamos ver los frutos en un corto plazo", finalizó.

El Servicio Plurinacional de la Mujer y Despatriarcalización fue creado este año mediante un decreto y funciona hace tres meses, con el fin de hacer efectivas las políticas de lucha contra la violencia hacia las mujeres, además de evaluar y hacer el seguimiento del cumplimiento de las políticas públicas en favor del ejercicio de sus derechos.

Las cifras de feminicidios en Bolivia han llevado al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, ante esta "violencia extrema", a plantear un encuentro nacional con diferentes actores para abordar esta problemática.

También la Defensoría del Pueblo de Bolivia lanzó una estrategia de prevención de violencia destinada a llegar a 175 municipios del país más castigados por sucesos violentos contra mujeres, adolescentes y niños.