Ley de armas busca luchar contra el tráfico ílicito y la seguridad de los bolivianos

La nueva normativa, la primera de estas características que se aprueba en Bolivia, "busca fundamentalmente preservar y garantizar la vida de los bolivianos", afirmó este lunes el ministro de Defensa, Rubén Saavedra.

"Se busca mejorar las condiciones de seguridad de la población, garantizar la convivencia pacífica y la vida de las personas, va a permitir reducir los índices de violencia que se están presentando en el país y seguramente va a minimizar tráfico de armas que se produce en nuestro territorio", aseguró el ministro.

El texto legal abre un programa de registro y de desarme voluntario que da a los ciudadanos seis meses para registrar sus armas de fuego ante las autoridades, o incluso entregarlas a cambio de incentivos.

La autorización, control, registro y fiscalización de la importación y fabricación de armas de fuego, municiones y explosivos es, según la norma, "competencia privativa del Gobierno" boliviano, explicó Saavedra.

Las armas de todo tipo que los ciudadanos tengan en sus domicilios deberán ser registradas ante el Registro General de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, instancia que dependerá del Ministerio de Defensa.

También se prevé que las armas de uso militar y policial cuenten con su propio registro específico, y prohíbe a los miembros de esos cuerpos el uso del arma reglamentaria cuando no estén de servicio.

Además, la norma crea el Plan de Desarme Voluntario Anónimo, que permitirá que los ciudadanos que tengan armas, sobre todo de uso militar o policial, puedan entregarlas al Ministerio de Defensa a cambio de un incentivo.

La nueva ley precisa que los organismos internacionales y representaciones diplomáticas que pidan introducir al país armas de fuego para uso exclusivo de protección de su personal o de su infraestructura deberán pedir una licencia al departamento de Defensa a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La ley establecerá sanciones duras para quienes incurran en los delitos vinculados al tráfico y comercio ilegal de armas, pero también para el robo en los cuarteles policiales y militares.

La tenencia ilícita de armas será sancionada con una pena de dos a seis años, y el porte ilegal, de uno a cinco años, pero las penas se agravarán en un tercio si se trata de armamento militar.

La fabricación ilegal de armamento se castigará con una pena de cuatro a ocho años, pero si el implicado está relacionado con una organización delictiva la condena será de cinco a diez años.

El comercio ilegal de armas de fuego, explosivos y municiones tendrá un castigo de diez a quince años de cárcel, pero la sanción aumentará hasta los veinticinco años si el implicado forma parte de una organización criminal, y hasta los treinta sin indulto si el traficante pertenece a las Fuerzas Armadas o la Policía.

Se prohíbe asimismo la fabricación y venta de armas no convencionales como químicas o biológicas y se establece un procedimiento de adquisición de armamento para "transparentar la forma en que las entidades estatales y privadas pueden adquirirlas", indicó Saavedra.

Además, refirió que los requisitos básicos para obtener licencia de armas en el país incluyen ser mayor de 21 años, presentar un documento de identidad y certificado de residencia, documento de propiedad del arma, que pasará una prueba de balística, y no tener sentencia ejecutoriada por delitos sancionados con privación de libertad.

Durante el acto de promulgación de la Ley de Armas el presidente Evo Morales bromeó con que se encuentra en situación "ilegal" debido a las armas que le han regalado los militares, la policía y otros mandatarios como su colega venezolano, Nicolás Maduro.

"Repito, son regalos. Jamás he comprado armas de fuego", precisó Morales, quien pidió consejo a los juristas sobre qué hacer con su arsenal. EFE