La investigación que comandó la Policía de Investigaciones (PDI), duró cerca de un mes y pudo establecer la presencia de diez menores de edad entre los bolivianos, que vivían en el mismo lugar, sin acceso a servicios como alcantarillado o agua potable.
"La Fiscalía Metropolitana Occidente tomó de inmediato las medidas necesarias para proteger a los trabajadores extranjeros afectados", aseguró en un comunicado el Ministerio Público, que entre ellas mencionó el apoyo de personal especializado de su Unidad de Atención a Víctimas y Testigos",
Según el documento, "todos los extranjeros eran ciudadanos bolivianos y el cónsul de ese país estuvo en el procedimiento para entregar la asistencia a sus connacionales".
En tanto, la fiscal adjunta de la investigación, Paola Salcedo, dijo a radio Cooperativa que aún queda "establecer si existe o no un delito de trata de personas".
En esa línea, Salcedo también aseguró que se debe investigar las condiciones en que los trabajadores fueron trasladados a Chile, "la forma en que ingresan al país, las actividades que realizan y si hacen trabajos forzados o no".
Los responsables de los eventuales delitos arriesgan penas criminales, añadió la fiscal.
En el operativo participaron además médicos del Servicio de Salud y fiscalizadores de la Inspección del Trabajo. EFE
