Abrogación de la Ley 1386: ¿por qué exigen su anulación en Bolivia?

Luego de las intensas protestas en varias ciudades del país, el Gobierno determinó desechar el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas.

Sin embargo, esto no cesó el malestar de muchos sectores que consideran que la ley 1386, que ya había sido aprobada anteriormente y en plena vigencia desde el 16 de agostó de este año, debe ser derogada.

A continuación te explicamos algunos de los aspectos más importantes sobre esta polémica ley: qué argumentan los sectores en protesta y por qué la defiende el Gobierno.

La ley 1386, cuyo nombre completo es: de Estrategia Nacional Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, consta de 7 artículos. Tres son los que causan especial preocupación.

El cuarto y quinto alarman a los sectores movilizados por las facultades que otorgarían al Ejecutivo y a la Unidad de investigaciones Financieras (UIF) para requerir información.

“Las entidades involucradas en la ejecución de acciones (de la estrategia) deberán reportar los avances y proveer a la UIF, la información que sea requerida por esta entidad”, señala el artículo cuarto.

Mientras que el quinto indica que “el Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo aprobará el cronograma de ejecución para las acciones previstas en el Programa de Acción”.

Por último, y quizá el más cuestionado, el artículo 7 abriría la posibilidad de realizar ajustes “mediante decreto”. Es decir, permitiría al presidente realizar cambios libremente a la legislación. Algo que preocupa a muchos por considerar que puede fácilmente derivar en abuso de poder.

La legislación también causa especial susceptibilidad en sectores informales, que sienten que la ley podría ser usado en su contra a través de las nuevas y fortalecidas atribuciones que se le dan a la UIF, que podrá iniciar investigaciones de oficio y ya no requerirá de un Registro de Operaciones Sospechosas ni requerimiento de la autoridad competente.

Desde el Gobierno, por otra parte, han señalado que la norma no perjudicará a comerciantes ni al sector gremial. Que tampoco será utilizada como un instrumento de persecución política y servirá únicamente para proteger al Estado y su economía de los actos delictivos.

El Gobierno, además, ha convocado al diálogo para elaborar la reglamentación y, al igual que con el anulado proyecto de ley, ha calificado de fracaso las movilizaciones que, sin embargo, se mantienen como una latente posibilidad de nuevas tensiones.