Defensoría del Pueblo exige solución a los bloqueos y a la prórroga de magistrados

Tras más de cuatro días de bloqueos en el país, la Defensoría del Pueblo exige el Gobierno de Luis Arce una solución pronta a los conflictos generados por los bloqueos y la prórroga de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). 

"Queremos manifestar a la población y a los órganos del Estado, así como a los actores políticos, la alta preocupación que tiene la Defensoría del Pueblo en torno al estado de conflictividad que se está desarrollando", precisó Pedro Callisaya, defensor del Pueblo ante los medios de comunicación. 

Hay que resaltar que durante el cuarto día de bloqueos en el país se registraron más de 15 puntos de bloqueos en tres regiones del país, se contabilizaron más de 20 policías heridos en el contexto político social tras intentar levantar las protestas y dos personas fallecidas a consecuencia de los bloqueos. 

El defensor sostuvo que "existe una necesidad de que el Estado garantice, por un lado, el derecho a la protesta en la medida en que sea pacífica", pero además, la manifestación "también debe ser respetuosa de los derechos de terceros que son ajenos a la conflictividad".

Callisaya manifestó que no se puede permitir que el problema "se profundice más, o que haya mayor vulneración de los derechos de las personas".

"Exigimos a las autoridades que puedan dar a través de los órganos competentes una respuesta oportuna, válida a la población para la resolución de esta conflictividad", afirmó.

También pidió a los sectores movilizados a que hagan una "pausa solidaria" para permitir el tránsito de las personas que quedaron atascadas en las carreteras a causa de los bloqueos para "evitar vulneraciones de los derechos humanos".

Callisaya recordó que el problema de fondo son las elecciones judiciales que debieron haberse realizado en diciembre de 2023 y que no prosperaron porque la preselección de candidatos está trabada en el Legislativo.

Ante esto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió en diciembre prorrogar su mandato y el de otros altos jueces y consejeros para evitar que haya un "vacío de poder" hasta que se realice una nueva elección judicial. En agosto pasado la Defensoría advirtió sobre "un riesgo al derecho de acceso a la justicia de la población con la falta de elección de las altas autoridades", además de una "limitación" al ejercicio de elegir por voto popular a los magistrados.

"Por eso reiteramos, es importante que todos los actores estatales y políticos puedan dar una respuesta sana, oportuna y fiable a la población", insistió.

La Sala Constitucional Cuarta de La Paz admitió una "acción popular" que presentó el exdiputado opositor Amilcar Barral contra Evo Morales y el oficialista Movimiento al Socialismo (MÁS) "por incitar a estos actos de violación de la Constitución" con los bloqueos de caminos.

La acción, que se resolverá este viernes, también va contra el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, "por la inacción para no desmovilizar estos conflictos", explicó Barral en un video compartido en sus redes sociales.