Brasil ahora tiene oficinas en Bolivia para trabajar en contra del crimen organizado. Foto: Twitter Capturas.
El gobierno de Bolivia confirmó que le permitió a Brasil la instalación de una oficina permanente de la Policía Federal de Brasil en plena ciudad fronteriza. La intención sería combatir en conjunto el crimen organizado en la frontera de ambos países.
Se trata de una oficina permanente de la PF en Bolivia, con presencia recíproca de policías bolivianos en Brasil, para un flujo continuo de inteligencia e información, más apoyo logístico brasileño.
Esto forma parte de acuerdos alcanzados entre el presidente boliviano Rodrigo Paz y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en un encuentro de abril de 2026. En las próximas dos semanas se lanzará el plan “Fronteras Seguras”, con mecanismos de control y represión en puntos fronterizos clave vinculados al narcotráfico: Cobija, Guayaramerín, San Matías y Puerto Suárez. Se planean acciones conjuntas entre ambas policías.
Enfrentamientos entre clanes brasileros
Las principales organizaciones involucradas son el PCC (Primeiro Comando da Capital, de São Paulo) y el Comando Vermelho (CV, de Río de Janeiro), quienes tienen una lucha territorial. Estas facciones han ampliado su presencia en Bolivia, especialmente Santa Cruz, Beni, Pando y zonas amazónicas en los últimos años, según la información difundida por el Gobierno, incluso desplazando o complementando el uso previo de Paraguay como retaguardia.
En ese contexto, las autoridades aseguran que buscan un control directo de etapas tempranas de la cadena de cocaína. La violencia se centra en disputas por “corredores” de tráfico hacia Brasil/Paraguay/exterior, sicariato (ajustes de cuentas), y uso de sicarios enviados desde Brasil.
Las zonas más críticas son San Matías, San Ignacio de Velasco, Ascensión de la Frontera, Puerto Suárez, Corumbá, Cobija y áreas de Santa Cruz. También hay clanes locales bolivianos y vínculos trasnacionales.
Para nadie es un secreto que durante los últimos días de julio, se reportaron 9 personas asesinadas en unos 5 días en la región de Santa Cruz, atribuidas a la disputa PCC-CV. Incluye una masacre de 4 en una hacienda cerca de San Matías, 2 cuerpos decapitados, otros homicidios y el asesinato de un subteniente de policía, Yerson Salazar.
La violencia ha ido en aumento con la consolidación de estas facciones, y el gobierno actual la enfrenta con expulsiones, operativas y ahora esta cooperación está reforzada. Las cifras exactas varían y muchos se clasifican como "ajustes de cuentas", pero es evidente el aumento de homicidios.
