El Oficialismo ofrece diálogo a un sector y descarta a cívicos

Algunos sectores que este viernes acatan el quinto día del paro en Bolivia contra una polémica ley aseguraron que no han sido convocados por el Gobierno, que ya inició acercamientos con otros gremiales y ha descartado reunirse con grupos cívicos a los que acusa de gestar "otro golpe de Estado".

Convocar a un solo grupo "es la técnica del Gobierno de tratar de dividir", declaró a Efe el principal dirigente de la Asociación de Transporte Pesado Internacional de Santa Cruz (Asociatrin), Marcelo Cruz, quien remarcó que en esa región los sectores en protesta están unidos.

Cruz dijo que su sector "no ha recibido invitación" del Gobierno ni tampoco otros sectores del transporte, mineros cooperativistas y representantes de comités cívicos, lo que según él demuestra que "no hay ninguna fractura" en el "movimiento multisectorial".

Por su parte, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo este viernes que si bien "es pública" la convocatoria a dialogar "se ha invitado inicialmente a los gremiales" o comerciantes con el propósito de "escuchar las demandas", en referencia al llamado que en la víspera hizo el Ministerio de Economía para una reunión en Cochabamba este sábado.

Justamente Santa Cruz, la mayor región y motor económico de Bolivia, ha sido el foco principal de las protestas de un paro indefinido que también se ha vivido parcialmente aunque insistentemente en otras ciudades como Potosí, Cochabamba, Sucre, Tarija, Oruro y La Paz.

Los movilizados piden la anulación de la ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, junto a otras normas a las que se llama "leyes malditas" que fueron aprobadas por el Parlamento con la mayoría del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, indicó hoy en una rueda de prensa que desde el oficialismo se va a "seguir convocando a más organizaciones sociales" para dialogar, pero descartó reuniones con comités cívicos.

"Hay otro grupo de personas, agrupados en los comités cívicos, que su interés ya no es la abrogación de la ley, la intencionalidad de ellos es tumbar al Gobierno", expresó el legislador.

Precisamente en Cochabamba ya existen algunos acercamientos entre altas autoridades del Gobierno y representantes de los comerciantes en reuniones a puertas cerradas para lograr un acuerdo en torno a las demandas de anulación de la ley, que consideran atenta contra las libertades de la población.

El Gobierno ha adelantado de que las protestas sociales que se iniciaron el pasado lunes son un "pretexto" de desestabilización y están enfocadas a un nuevo "golpe de Estado", como considera que sucedió durante la crisis política de 2019.

Ante esto, el exmandatario y presidente del MAS, Evo Morales, confirmó este viernes que varios sectores afines al Gobierno iniciarán una marcha hacia La Paz el 23 de noviembre, sede del Ejecutivo y el Parlamento, para "defender la democracia" y al Gobierno del presidente Arce.

A contramano, el líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, manifestó que la postura de los sectores se "mantiene firme" y convocó a "resistir" en las manifestaciones hasta que "se abrogue esta ley abusiva".

Bolivia atraviesa por una persistente polarización política desde la crisis de 2019 que a juicio del Gobierno hubo un "golpe de Estado" y que ha relacionado a las actuales protestas con grupos políticos que buscan la "impunidad" por esos sucesos.