Constitucional boliviano declara "ilegal" y ordena una "indemnización económica" por la inhabilitación de Morales en 2020

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), luego de 10 meses para notificar su decisión con la sentencia 87/2021 de la Sala Cuarta, declaró "indebida e ilegal" la restricción a su derecho de ser candidato y ordenó una "indemnización económica" a Evo Morales por la inhabilitación de su candidatura al Senado en 2020.

La sentencia constitucional llega después de dos años de haberse presentado la acción de amparo, en marzo de 2020, antes de las Elecciones Generales.

En la notificación se establece que, el expresidente boliviano deberá contar con una  "reparación integral de los derechos conculcados". Además, disponen una serie de acciones tras declarar la "nulidad" de una sentencia judicial de octubre de 2020 que dio la razón a una resolución previa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para lograr su inhabilitación.

A raíz de esto, el TC establece la "consecuente indemnización económica" a Evo Morales, donde se incluyen "gastos judiciales", "lucro cesante" y "daño emergente ocasionados por las autoridades demandadas". 

“A través de esta sentencia emergente de una Acción de Amparo Constitucional lo que se ha determinado es que se ha procedido a conceder la tutela solicitada con relación al señor Juan Evo Morales Ayma respecto a la Acción de Amparo Constitucional que se hubiese presentado con relación a su inhabilitación a su postulación a senador”, señaló el presidente del TCP, Paul Franco.

También, señaló que es importante que el ente electoral del país formule una reglamentación "oportuna y correspondiente" para evitar este tipo de situaciones a futuro.

Recordemos que Evo Morales, en las Elecciones Generales 2020, donde también se eligieron miembros del Senado y la Cámara de Diputados, se presentó como candidato a primer senador por el departamento de Cochabamba, a pesar de que, para ese momento, se encontraba en Argentina en condición de refugiado político.

Ante esto, el TSE determinó inhabilitar a Morales, bajo el argumento de no cumplir con el requisito de radicar en el país señalado en la Constitución. Luego de esta respuesta, sus abogados continuaron el proceso en los tribunales manifestando que el exmandatario había dejado el país por no tener "garantías constitucionales", y después de los hechos ocurridos en los comicios de 2019 donde se le acusaba por fraude electoral.