La Reforma Agraria continúa pendiente 50 años después

(La Razón)
El sábado se cumple medio siglo de esta ley que establece que “la tierra es de quien la trabaja” y que pretendió eliminar el latifundismo. El Gobierno y los movimientos sociales creen que aún queda por hacer.

Medio siglo después de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria del 2 de agosto de 1953, el Gobierno y varios sectores sociales concuerdan en que sólo se ha recorrido una parte del camino y en que queda mucho por hacer.

Las críticas de parte de los movimientos campesinos apunta a que la Reforma Agraria no tomó en cuenta la realidad comunaria. Y el Gobierno se suma cuando dice que los procesos de saneamiento se vieron retrasados y que ni siquiera la Ley del Instituto de Reforma Agraria (INRA) de 1996 logró frenar el latifundio y la corrupción en el país, después de medio siglo.

El director de la Fundación Tierra, Miguel Urioste, se declaró decepcionado porque siete años después de la promulgación de la Ley INRA, el Estado ha avanzado poco en su aplicación, debido a que diferentes intereses se han interpuesto en el camino.

Urioste señaló, por ejemplo, que todavía existe latifundio en Bolivia, sobre todo en los departamentos del oriente, donde una élite se ha beneficiado con la dotación irregular de tierras y que ahora no permite el saneamiento de sus propiedades ni la verificación de si cumple la función económica y social.
“Poco puede hacer este Gobierno, la base de respaldo de Sánchez de Lozada se encuentra en la clase media y alta de Santa Cruz, que con gran facilidad pone trabas a las políticas sobre la tierra. El ejemplo más claro es que los cruceños detuvieron con facilidad la reposición del impuesto a la tierra y a la mejora de las propiedades agrícolas”, dijo.

Egberto Tano, dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), también ve un manejo discriminador del Gobierno en la dotación de tierras a los campesinos. “No se ha avanzado un 50% siquiera, pero es un inicio. Ahora queremos que la distribución de tierras sea igual para todos. Hay muchas diferencias”.

Nació con la toma de fundos

Al inicio de la década del 50 se producían las primeras tomas de tierra en las haciendas, de parte de los campesinos, sobre todo en los valles y en el altiplano. Éstas se fueron multiplicando con el paso del tiempo.

En la Revolución de 1952 participaron activamente los campesinos, a través de las milicias armadas. Los ideólogos de la revolución emenerrista elaboraron el documento de la Reforma Agraria, que era una copia de la reforma del agro mexicano, que ya tenía 30 años de existencia. “La tierra es de quien la trabaja”, establecía esta norma que fue presentada el 2 de agosto de 1953 en Ucureña, Cochabamba, frente a indígenas armados.

El objetivo de la Reforma Agraria era eliminar el latifundismo y otorgar tierras a los campesinos. Se puso en marcha la titulación, pero 10 años más tarde el proceso se estancó, hasta que a raíz de la demanda, en 1996 se promulgó la Ley del Instituto de Reforma Agraria (INRA).

CAMPESINOS

“Con la Ley INRA, el territorio es de quien tiene más dinero”

Felipe Quispe, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), cree que la Reforma Agraria fue ejecutada sin conocer la realidad del campesino.

“No han visto nuestra realidad en el campo, comunitaristas como somos, con el ayllu. La Reforma Agraria ha privatizado la tierra, creó las parcelas, las individualizó. Como consecuencia de eso existen surcofundios en muchas comunidades. Ya ni siquiera somos dueños de un lote, sino de surcos. Eso es triste. No se aplicó bien la Reforma Agraria. De ahí en adelante, para mí no ha habido avance. Si bien en esa época se hablaba que la tierra es de quien la trabaja, ahora, con la Ley INRA, sucede que la tierra es de quien pone más dinero”.

Quispe propone retornar al ayllu comunitario, con tierras altas y bajas para las comunidades.

GOBIERNO

“Tenemos que completar el ciclo de la distribución”

Para el viceministro de Tierras, Henry Oporto, el proceso de la Reforma Agraria sufrió varios obstáculos en 50 años, debido a la falta de voluntad política y a la falta de recursos. La respuesta a la problemática de la tierra, dice él, incluye el desarrollo productivo y la participación social.

“La respuesta a la pobreza rural no sólo es tierra. Es necesario completar un triángulo con el desarrollo productivo y la participación popular, que requiere de una segunda etapa que brinde mayor participación a los campesinos y otros sectores”.

Para Oporto, el Estado es el encargado de asumir esta tarea “pendiente” desde la Reforma Agraria de 1953. “Tenemos necesidad de completar el ciclo, dando seguridad jurídica a la propiedad (saneamiento), acceso a la tierra, mediante la distribución y desarrollo productivo”.

CAMBIO

El Movimiento Sin Tierra busca una nueva revolución

El Movimiento Sin Tierra (MST) se originó debido al rotundo fracaso de la Reforma Agraria y la falta de políticas agrarias y de desarrollo rural que los gobiernos de turno no supieron ejecutar.

Así opina su principal dirigente, Ángel Durán. “La Ley INRA tampoco está cumpliendo uno de sus principales objetivos, que es sanear, revertir tierras ociosas y dotar a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente”.

La lentitud en el saneamiento de tierras obedece, según Durán, a las presiones de grupos de poder para consolidar sus derechos, a través del fraguado de documentos de propiedad. “El INRA es el que más recursos recibe de la ayuda internacional”.

“Nuestro país va hacia una segunda Reforma Agraria, que será ejecutada desde abajo, ocupando latifundios improductivos para recuperar lo que siempre perteneció a campesinos y originarios”, afirma el dirigente.