Los comités cívicos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca llevan adelante un paro de 24 horas, en contra de los “abusos del gobierno” y por que el tema capitalidad se discuta en la Constituyente.
Ya en las primeras horas del paro, habitantes de Santa Cruz vivieron abusos; autos que duermen en la calle sufrieron la rotura de vidrios y fueron golpeados por grupos de vándalos, según los vecinos fueron de la Unión Juvenil.
En Santa Cruz, ante el desmarque de campesinos, indígenas y sectores sociales, la Unión Juvenil Cruceñista anunció que “hará cumplir” la medida. En Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando la situación es casi idéntica.
La denominada “media luna pondrá este martes a prueba su poder de convocatoria, cuando intenten paralizar a seis departamentos en defensa “de la democracia”, de la capitalidad plena para Sucre y en apoyo a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional procesados por “presuntos actos de corrupción”.
Esa entidad, creada y sostenida por prefectos y dirigentes cívicos conservadores de Santa Cruz, Beni, Pando y Beni, sumó en los últimos días a los cívicos de Chuquisaca; anteriormente habían hecho lo propio con sus pares de Cochabamba.
Desde Palacio Quemado, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, dijo que el paro de la “media luna” y de los dirigentes cívicos de Chuquisaca y Cochabamba, no tendrá el éxito que sus impulsores esperan.
“La gente comenzó a tomar conciencia, porque hay intereses ocultos de la extrema derecha que está utilizando diferentes argumentos para enfrentar a los bolivianos”, aseguró.
En la vereda del frente, el jefe opositor, Jorge Tuto Quiroga, de Poder Democrático y Social (Podemos), aunque se declaró “enemigo de los paros” porque “no participé en ninguno”, expresó su pleno respaldo a la paralización de labores productivas impulsado por los dirigentes cívicos de la “media luna”.
Al igual que Quiroga, el jefe de Unidad Nacional (UN) justificó el paro y aseguró que “no encontraron otra solución y optaron por medidas de fuerza”, y criticó el supuesto doble discurso del vicepresidente Álvaro García Linera, de quien dijo que un día habla de diálogo y otro de enfrentamiento.
En ese sentido, diversos sectores sociales, urbanos y rurales de Santa Cruz, región que sus dirigentes presentan como bastión de la democracia, declararon que no acatarán un paro que consideran inconsulto y que perjudica a la población más pobre.
Además, condenaron las acciones violentas que habitualmente practican miembros de la “Unión Juvenil Cruceñista”. Hoy mismo el principal dirigente de esta entidad cobijada por el Comité Cívico pro Santa Cruz, Samuel Ruiz, advirtió que se obligará a la población de cumplir con la paralización de labores.
Según Ruiz, desde las 00.30 de este martes, cerca a 500 “unionistas” iniciarán una batida por diversas calles y avenidas hasta el cuarto anillo de la capital oriental para hacer cumplir por la fuerza el paro declarado por la Asamblea de la Cruceñidad.
Una de las primeras tareas será la de proceder al cierre de bares y cantinas y a partir de las 03.00 de la
mañana pinchar las llantas de los vehículos que continúen circulando por las calles cruceñas.
“Vamos organizar barricadas en los diferentes anillos para que se acate el paro cívico. Primero vamos a dialogar y si no quieren los vamos a obligar”, declaró Ruiz.
La delegada presidencial en la capital oriental, Gabriela Montaño, respaldó ese panorama y aseguró que si el paro realmente fuera por voluntad de la población, los cívicos cruceños no tendrían argumentos para asegurar que cuenta con el respaldo popular.
También instituciones como la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y la Central de Pueblos Indígenas de Santa Cruz (Cepes) anunciaron que no acatarán las instrucciones de la “media luna”.
El dirigente Pedro Nuni (Cidob) aseguró que los indígenas del oriente defenderán la Asamblea Constituyente y advirtió que no permitirán un eventual fracaso del magno evento, que impulsan desde la marcha por la vida y el territorio de 1990.
En tanto que el secretario Ejecutivo de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Isaac Ávalos, afirmó que la paralización de labores en seis departamentos no tendrá éxito “porque los trabajadores del área rural de esas regiones no se sumarán para atentar en contra de la unidad del país”.
“Es un paro para frenar el proceso de cambio y esto es parte de acciones racistas y discriminadoras de quienes no quieren perder sus privilegios”, agregó.
Esteban Alavi, dirigente colonizador de la región de Yapacaní, denunció que “seguramente van a intentar obligar a parar y nosotros no vamos a acatar. Vamos a garantizar que se trabajará en Yapacaní, en San Julián, en Cuatro Cañadas y en toda la provincia Ichilo”.
A esta posición se sumaron campesinos de Yapacaní se están organizando para “resistir este atentado a la democracia. No nos han consultado y no estamos de acuerdo y vamos a trabajar, aseguró un dirigente a la Red Patria Nueva.
Además en la misma ciudad, dirigentes vecinales del Plan Tres Mil, Ciudadela Andrés Ibáñez y de la Villa Primero de Mayo, junto a gremiales, transportistas y trabajadores se sumaron al rechazo del paro.
Montaño dijo que todas las instituciones que dependen del Estado no van a acatar el paro. “Vamos a trabajar normalmente, así como todas las instituciones del Estado”, dijo.
Al final de la jornada, en el Plan Tres Mil, una multad de vecinos de congregó en las instalaciones de Radio Integración, emisora que fue amenazada con ser asaltada por grupos radicales afines al Comité Cívico.
Varios vecinos señalaron que “dormirán” en esa emisora, cuya línea editorial es contraria a los cívicos de Santa Cruz, para impedir que los exaltados cumplan con sus advertencias
En La Paz, el dirigente cívico Enrique Pacheco aseguró que el paro es “es un auto flagelamiento” para las regiones que intentarán demostrar su fuerza contra lo que consideran “atropellos” del gobierno nacional.
“Basta de intentar demostrar fuerza política y figuraciones personales. Es un paro político y perverso contra el país. Es un perjuicio y paro obligado”, protestó Pacheco.
La perversidad que denuncia Pacheco
fue corroborada por la delegada presidencial en Santa Cruz. Gabriela Montaño dijo que “esperemos que la actitud del Comité Cívico no haga un secuestro masivo de domicilios, donde la población no pueda circular porque se bloquea, se pincha llantas, y se golpea a quienes no acatan las ordenes del comité cívico”.
En ese marco, denunció que los empresarios que apoyan y organizan los paros cívicos en Santa Cruz, cierran sus fábricas ubicada en el parque industrial, pero obligan a sus empleados a trabajar a puertas cerradas, mientras los pequeños comerciantes son obligados a sumarse a la extrema medida.
En Sucre, este lunes miles de campesinos llenaron las calles de la capital de la República en defensa de la Asamblea Constituyente, y aunque expresaron su apoyo para el traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo, señalaron que el tema debe ser discutido al margen del magno evento.
Los campesinos indicaron que la integridad del país no es negociable, porque Bolivia debe mantenerse unidad en su diversidad, sin escuchar el juego político de la derecha. “Les queremos decir que Bolivia unida jamás será vencida”, dijo Damián Condori, principal dirigente de los campesinos chuquisaqueños.
“Los indígenas estamos de pie y defendemos el cambio que está llevando el presidente, nuestro hermano Evo Morales Ayma. No estamos con la mentira ni con el engaño ni las palabras demagógicas”, aseguró.
En ese escenario, Jaime Barrón, presidente del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, indicó la noche de este lunes que la Capital consideraría una solución negociada sobre el traslado de poderes que reclama.
En el Beni, la tarde de este lunes una multitud que los periodistas que cubrieron el hecho calcularon en 5.000 personas, se pronunció frente a la Prefectura en contra del paro cívico que la dirigencia local determinó presuntamente en defensa de la democracia.
Josefina Mauro, dirigente de la Federación de Gremiales del Beni, aseguró que los miembros de su sector se encuentran unidos. “Muchos atropellos hemos sufrido. Nosotros debemos a los bancos porque trabajamos con préstamos. Un día de paro nos perjudica”, señaló.
Mauro exhortó a los dirigentes del Comité Cívico del Beni a entender esa realidad de quienes subsisten con los ingresos diarios de sus pequeños puestos de venta. “Ellos no entienden y les rogamos que nos dejen trabajar, que entiendan que estamos en democracia”, agregó.
“Aquí estamos rechazando el paro cívico digitado por el Comité Cívico de Santa Cruz. No estamos dispuestos a ser manipulados por las elites cruceñas. No vamos a acatar, pero sabemos que van a tratar de obligarnos”, denunció la dirigente gremial.
En la misma tierra beniana, un representante del Comité Cívico de Rurrenabaque aseguró que la mayoría de las instituciones locales rechazan el paro, “pero como hay organizados grupos de choque del municipio, ellos intentarán imponerlo”.
“Por no hacerse golpear mucha gente prefiere no abrir sus negocios”, dijo el dirigente cívico.
En Tarija, otro de los departamentos cuyos dirigentes regionales la adscribieron a la “media luna”, el vicepresidente del Comité
Cívico, Jorge Blacud, aseguró que la decisión de sumarse al paro fue asumida por la “mitad del directorio” y “sin consultar a ningún sector social”.
Indicó que seis provincias tarijeñas no paralizarán sus actividades cotidianas este martes porque consideran que el paro busca intereses personales que no benefician en nada a la región.
También denunció que la segunda vicepresidenta del Comité Cívico, Patricia Galarza, está acusada de hechos irregulares como haber recibido dineros de la Prefectura que administra Mario Cossío. “Se habla que la Prefectura de Tarija habría desembolsado 800 mil dólares” para organizar los paros anteriores, dijo.
Blacud sostuvo que los dirigentes cívicos tarijeños compraron banderas y otros insumos para esas protestas anteriores y que el prefecto Cossío nunca rindió cuentas, así como no atendió a 256 peticiones de informe de la Brigada Parlamentaria Tarijeña-
En ese contexto, la delegada presidencial en Pando, Nancy Texeira, desde Cobija aseguró que con el propósito de garantizar la seguridad de los ciudadanos que no acatarán el paro, se coordinó acciones preventivas con el comandante departamental de la Policía, Cnl. Armando Pacheco.
El jefe policial, de su parte, dijo que la Policía se encuentra en estado de alerta. “Si se lleva adelante el paro que sea dentro de la normalidad y no haya excesos El personal está en emergencia y garantizaremos la seguridad de la población”, dijo.
En tanto que el dirigente político de la agrupación ciudadana MAS, Miguel Becerra, dijo que es una situación de confrontación “que puede llevarnos a la catástrofe y no podemos estar de acuerdo con esta movilización atentatoria y sectaria en contra de la unidad nacional”.
En Cochabamba, diversos sectores sociales y gremiales rechazaron el paro de 24 horas. Edgar Zurita, dirigente de la Federación de Transportistas, señaló que un ampliado del sector decidió no apoyar el paro y demandaron garantías a la Prefectura para el desempeño de sus normales actividades.
Señaló que del ampliado participaron dirigentes del sector urbano, interprovincial y del transporte pesado.
El alcalde Gonzalo Terceros también garantizó que los funcionarios municipales trabajarán con normalidad y condenó la actitud de la dirigencia cívica regional.
Desde la zona de Pucara Grande, un comunario, que no se identificó por temor a represalias, denunció que un funcionario prefectural intenta chantajearlos para obligarlos a bloquear la antigua carretera a Santa Cruz en cruce hacia Tarata.
Sostuvo que ese funcionario, de nombre Milton Copa, amenazó que si los campesinos de Pucara no apoyan con el bloqueo el paro que pretende ser total, la Prefectura no aprobará un proyecto de riego en este sector.
En ese marco en el que dos visiones de país parecen chocar, el Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, llamó al diálogo para superar el conflicto por la capitalidad plena para Sucre.
Albarracín intenta sentar en una mesa de diálogo a paceños y chuquisaqueños, pese a las posiciones encontradas, y buscar mediante el diálogo una salida al conflicto que puso en vilo a la Asamblea Constituyente.
