Asociación de Municipalidades observa aspectos del proyecto de Ley Financial

Se tratan de saldos de cajas y bancos, destino de recursos ediles para proyectos del Gobierno Nacional y la confiscación de recursos destinados a seguridad ciudadana.

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Se tratan de saldos de cajas y bancos, destino de recursos ediles para proyectos del Gobierno Nacional y la confiscación de recursos destinados a seguridad ciudadana.

La Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), después de sostener una reunión este martes, determinó enviar una nota a la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional para presentar tres observaciones al proyecto de Ley Financial 2013, informó el director Especial de Finanzas de la Comuna paceña, Ramiro Gamboa.

“Nuestra carta enfáticamente concluye advirtiendo que de aprobarse el tenor de las observaciones a la Ley Financial, nos vamos a ver obligados a acudir a las instancias correspondientes, como un eventual recurso de inconstitucionalidad”, anticipó Gamboa.

Las observaciones planteadas al término de una reunión de los representantes de Asuntos Financieros y Jurídicos de las alcaldías de ciudades capitales más El Alto realizada en La Paz, tienen que ver con el registro de saldos y cajas de las alcaldías que se dan a conocer a finales de cada gestión.

“Los saldos de caja y banco y los recursos adicionales que durante la gestión el Ministerio de Economía transfiere deben viabilizarse para que su ejecución sea pronta, inmediatamente debe ir en beneficio de la ejecución de obras… Entendemos que los saldos de caja y banco deben ser puestos a disposición de las municipalidades a través de la aprobación de los concejos municipales”, explicó a su turno el oficial Mayor de Administración y Finanzas de la Alcaldía de Santa Cruz, Manuel Medina.

Otro aspecto observado por las autoridades ediles refiere a una supuesta inconstitucionalidad del proyecto de Ley Financial, referente a la asignación de determinados porcentajes de los recursos ediles para proyectos impulsados por el Gobierno Nacional.

“Es inconstitucional... tener la obligación que los recursos adicionales que se nos transfiere de cualquier fuente del Tesoro General de la Nación (TGN) sean asignados, como mínimo en diferentes porcentajes, para proyectos que vaya a llevar el Gobiernos Central. Eso vulnera la autonomía que nosotros tenemos para ejecutar nuestros recursos”, aseveró Gamboa.

Finalmente, se observa al parágrafo II del artículo 28, que a solicitud del Ministerio de Gobierno se autorizaría al Ministerio de Economía debitar de las cuentas corrientes fiscales de las alcaldías los recursos no ejecutados en seis meses de los programas y proyectos relacionados a la seguridad ciudadana.

“Hay una mala programación en la asignación del gasto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, nos hacen una asignación a principios de año que es muy inferior a la que resulta a finales de año, nos van asignando nuevos montos en los últimos meses del año, cuando los procesos administrativos son demasiado largos e imposibles de cubrir en ese periodo”, explicó el oficial Mayor de Administración y Finanzas de la Alcaldía de Tarija, Diego Ávila.

Ávila cuestionó el tenor del proyecto de normativa que establecería la confiscación o reversión de recursos ediles no ejecutados en seis meses respecto a programas destinados a seguridad ciudadana.

Trabajadores ediles

Finalmente, sobre los efectos que tendría en las administraciones ediles el proyecto de ley de incorporación de los funcionarios de las alcaldías a la Ley General del Trabajo, Medina aseveró que el tema será abordado en otra reunión de la AMB.

“Toda norma que va en beneficio de los trabajadores del sector público es plausible; sin embargo son las máximas instancias ejecutivas de nuestras entidades, en mérito al reporte de asuntos financieros, que en una próxima reunión asumirám una posición”, finalizó Medina. (SIM/GAMLP)

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