Bolivia se compromete a agilizar plazos para solucionar las expropiaciones

La embajadora boliviana se reunió esta tarde con el secretario de Estado español para Iberoamérica, Jesús Gracia, tras ser convocada por el departamento de José Manuel García-Margallo para dar explicaciones sobre el problema creado por la decisión de nacionalizar y ocupar la empresa Sabsa, filial de Abertis y participada por AENA en el país andino.

Durante la reunión, que apenas duró 15 minutos, Gracia reiteró a la diplomática boliviana el enfado del Gobierno español ante el problema, según explicaron a Efe fuentes diplomáticas.

En este sentido, el secretario de Estado se expresó en la misma línea que lo hizo ayer el jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo, en conversación telefónica con el ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana.

Quintana prometió a García-Margallo que se llegará a "una solución satisfactoria", tras reconocer que ha habido retrasos en la tramitación de los expedientes de las empresas que negocian una compensación por las nacionalizaciones.

Fuentes diplomáticas españolas señalaron que durante la reunión de hoy, a la que también asistió el director general para Iberoamérica del Ministerio, Pablo Gómez de Olea, la embajadora boliviana mostró su comprensión por el malestar del Gobierno español.

Asimismo, dijo que las autoridades competentes ya trabajan en la búsqueda de esa solución satisfactoria para ambas partes.

La expropiación en diez meses de varias filiales de empresas españolas, la última la de la gestora aeroportuaria Sabsa, ha tensado la relación del Gobierno de Evo Morales con España, uno de los principales inversores en Bolivia y el primer donante de ayuda al desarrollo en los últimos años.

La nacionalización de Sabsa puede marcar un antes y un después en las relaciones de Bolivia con el Gobierno de Mariano Rajoy, que ante las anteriores expropiaciones, que afectaron a Red Eléctrica de España e Iberdrola, eludió el enfrentamiento diplomático en público y confió en que las compañías recibieran una compensación adecuada.

El Ejecutivo español, que ha reconocido en todo momento el derecho de Bolivia a proteger sectores estratégicos y ha reclamado el pago de un "justiprecio" a las empresas, llegó a pedir al Gobierno de Bolivia que fuera "más discreto" al ejecutar las expropiaciones, porque podía parecer que el problema es mayor del real.

Pero Morales repitió el mismo procedimiento en la nacionalización de Sabsa, sin aviso previo y enviando militares a tomar las instalaciones, y el Ejecutivo de Rajoy respondió de forma inmediata que esta acción, sumada a las anteriores, le obliga a replantear las relaciones bilaterales.

España es el segundo inversor en el país andino tras Estados Unidos -fundamentalmente por la presencia de Repsol- y las empresas españolas suman numerosos contratos de infraestructuras y consultoría.

Ha sido además el principal proveedor de ayuda al desarrollo bilateral en los últimos años en Bolivia, que recibió una media de 61 millones de euros anuales entre 2007 y 2010.

A ello se suman los acuerdos para condonar o canjear deuda por valor de más de 120 millones desde el año 2000.

Visitar varios de los numerosos proyectos que dirige la cooperación española en el país fue precisamente el objetivo del último viaje de la Reina Sofía a Bolivia, en octubre del año pasado.

Poco después, en diciembre, Evo Morales visitó España y se entrevistó con Rajoy, quien le garantizó que su país seguiría siendo una prioridad de la política española de cooperación al desarrollo.

Un compromiso que podría estar ahora en estudio, al igual que el apoyo sin fisuras de España a Bolivia en la UE.

El gubernamental Partido Popular preguntó ayer a las instituciones europeas si la relación preferencial que se mantiene en términos comerciales y de ayuda al desarrollo con Bolivia puede continuar ante esta "ola de expropiaciones". EFE